La doctrina de la democracia representativa concibe al sufragio como nutriente esencial de ese régimen político; a mayor concurrencia electoral, mayor legitimidad y representatividad de los gobernantes y legisladores. Con el voto ciudadano, se afirma, la democracia crece y se fortalece. Así es, siempre y cuando se viva en una situación de normalidad democrática. Pero eso es justo lo que no hay en México; nuestra situación política ni es normal ni es precisamente democrática. Es más una democracia simulada que una funcional. En todo caso, nuestro sistema de partidos se aproxima más a una partidocracia que a una democracia representativa. Los partidos, pese a su rivalidad mutua, pactan sus intereses y prebendas comunes, frecuentemente por encima del interés colectivo. El antiguo partido hegemónico compartió su poder con los demás (pacto democrático), pero el reparto no descendió a la ciudadanía, más allá de la emisión del voto (pacto partidocrático). Es cierto que la mexicana, no es una partidocracia plena y consolidada, pero estamos más cerca de ella que de un pluralismo democrático y funcional. Y dado que la partidocracia es antagónica a la democracia por definición, el sufragio se convierte en un aval a los abusos y arbitrariedades de los partidos, más que en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas políticas. Por ende, el voto puede desincentivar el cambio democrático (al premiar la inercia de los partidos) en lugar de estimularlo. Es como poner el vino nuevo de la participación ciudadana en los viejos odres de un indiferente sistema partidario.
En México, la representación formal es trunca; podemos elegir a nuestros representantes mediante el voto, pero no podemos pedirles cuentas personalizadas, pues no hay reelección legislativa consecutiva, un mecanismo democrático que los partidos en general -y no sólo el PRI- han relegado deliberadamente. Es cierto que a través del voto se puede premiar a unos partidos y castigar a otros. Y eso tiene un efecto político indudable; reducir el poder a un partido para transferírselo a otro. En un primer plano, al votar por un partido se castiga a todos los demás. Pero en un siguiente nivel (considerando a los partidos como un gremio), un voto emitido por cualquiera de ellos legitima los privilegios de todos por igual, y los exonera políticamente de su alejamiento ciudadano, sus excesos y despilfarros. En esa lógica, el sufragio representa un espaldarazo a todos los partidos por su desempeño pasado, y un cheque en blanco para el futuro inmediato. Quien considere que la conducción de los partidos en general es deficiente o abusiva, o quien les ha perdido la confianza (por obviar razones), tiene comprensiblemente pocos incentivos para respaldarlos en las urnas. En lo que hace a los legisladores en particular, el sufragio equivale a avalar sus injustificablemente altos salarios, sus ofensivos aguinaldos y bonos, sus fastuosos gastos y viáticos, sus privilegiadas exenciones fiscales.
En tales condiciones, votar pareciera parte de la dejadez típicamente mexicana ante los excesos y abusos cometidos por los partidos y las autoridades emanadas de sus filas. Votar es atender al llamado de los partidos y creer en sus ofertas. Es respaldarlos en el momento en que necesitan nuestro sufragio, para inmediatamente después ser excluidos, marginados e ignorados por ellos... hasta la próxima elección, cuando volverán a requerir de nuestro apoyo. Los partidos piden el aval de los ciudadanos sin tomar después demasiado en cuenta sus opiniones, demandas y reclamos. En tanto no se hagan reformas que fortalezcan la participación ciudadana y permitan más eficazmente llamar a cuentas políticas a partidos y legisladores, sufragar es fortalecer la partidocracia, no la democracia. El rechazo a todos los partidos (que flota en el ambiente) de traducirse en abstención o anulación del voto (según el caso) podría ser un eficaz acicate para urgirlos a realizar cambios en dirección democrática y participativa. Un aviso inequívoco de que muchos no estamos conformes con su desempeño, ni con la ruta por la que conducen la política, y de que no contarán con nuestro respaldo en tanto no veamos signos convincentes de inclusión ciudadana y apertura política.
No se trata, desde luego, de demoler el sistema de partidos, sino de reformarlo democráticamente. Pero los partidos no se ven muy dispuestos a ello. Paradójicamente, la abstención (o anulación del voto) puede verse a un tiempo como una expresión de la crisis de representación y una estrategia ciudadana para superarla. ¿Por qué? Los partidos requieren un cierto monto de legitimidad y respaldo ciudadano para su continuidad, y lo saben. Por lo cual, un elevado nivel de abstención (o de votos anulados) podría orillarlos a tomar las medidas necesarias para acercarse a la ciudadanía, para recuperar su credibilidad y compartir su poder con sus "representados". Si en cambio la participación es elevada, los partidos se ufanarán de un alto respaldo ciudadano, que leerán como prueba indiscutible de que están haciendo las cosas bien y que, en materia de representación política o participación ciudadana, no es necesario hacer mayores concesiones. Desde luego, ante el mensaje ciudadano de inconformidad, tocaría a los partidos reaccionar para transformar y democratizar el actual sistema partidario. De no hacerlo, la responsabilidad de un consecuente deterioro institucional sería fundamentalmente suya. En todo caso a los ciudadanos corresponde hacer su parte, pero no parece que volcarse a las urnas ayude a generar un clima de transformación real. Eso parece más bien seguir fingiendo que los partidos nos representan cabalmente, cuando no es así.
lunes, 23 de febrero de 2009
Comicios: Partidocracia vs democracia
La doctrina de la democracia representativa concibe al sufragio como nutriente esencial de ese régimen político; a mayor concurrencia electoral, mayor legitimidad y representatividad de los gobernantes y legisladores. Con el voto ciudadano, se afirma, la democracia crece y se fortalece. Así es, siempre y cuando se viva en una situación de normalidad democrática. Pero eso es justo lo que no hay en México; nuestra situación política ni es normal ni es precisamente democrática. Es más una democracia simulada que una funcional. En todo caso, nuestro sistema de partidos se aproxima más a una partidocracia que a una democracia representativa. Los partidos, pese a su rivalidad mutua, pactan sus intereses y prebendas comunes, frecuentemente por encima del interés colectivo. El antiguo partido hegemónico compartió su poder con los demás (pacto democrático), pero el reparto no descendió a la ciudadanía, más allá de la emisión del voto (pacto partidocrático). Es cierto que la mexicana, no es una partidocracia plena y consolidada, pero estamos más cerca de ella que de un pluralismo democrático y funcional. Y dado que la partidocracia es antagónica a la democracia por definición, el sufragio se convierte en un aval a los abusos y arbitrariedades de los partidos, más que en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas políticas. Por ende, el voto puede desincentivar el cambio democrático (al premiar la inercia de los partidos) en lugar de estimularlo. Es como poner el vino nuevo de la participación ciudadana en los viejos odres de un indiferente sistema partidario.
En México, la representación formal es trunca; podemos elegir a nuestros representantes mediante el voto, pero no podemos pedirles cuentas personalizadas, pues no hay reelección legislativa consecutiva, un mecanismo democrático que los partidos en general -y no sólo el PRI- han relegado deliberadamente. Es cierto que a través del voto se puede premiar a unos partidos y castigar a otros. Y eso tiene un efecto político indudable; reducir el poder a un partido para transferírselo a otro. En un primer plano, al votar por un partido se castiga a todos los demás. Pero en un siguiente nivel (considerando a los partidos como un gremio), un voto emitido por cualquiera de ellos legitima los privilegios de todos por igual, y los exonera políticamente de su alejamiento ciudadano, sus excesos y despilfarros. En esa lógica, el sufragio representa un espaldarazo a todos los partidos por su desempeño pasado, y un cheque en blanco para el futuro inmediato. Quien considere que la conducción de los partidos en general es deficiente o abusiva, o quien les ha perdido la confianza (por obviar razones), tiene comprensiblemente pocos incentivos para respaldarlos en las urnas. En lo que hace a los legisladores en particular, el sufragio equivale a avalar sus injustificablemente altos salarios, sus ofensivos aguinaldos y bonos, sus fastuosos gastos y viáticos, sus privilegiadas exenciones fiscales.
En tales condiciones, votar pareciera parte de la dejadez típicamente mexicana ante los excesos y abusos cometidos por los partidos y las autoridades emanadas de sus filas. Votar es atender al llamado de los partidos y creer en sus ofertas. Es respaldarlos en el momento en que necesitan nuestro sufragio, para inmediatamente después ser excluidos, marginados e ignorados por ellos... hasta la próxima elección, cuando volverán a requerir de nuestro apoyo. Los partidos piden el aval de los ciudadanos sin tomar después demasiado en cuenta sus opiniones, demandas y reclamos. En tanto no se hagan reformas que fortalezcan la participación ciudadana y permitan más eficazmente llamar a cuentas políticas a partidos y legisladores, sufragar es fortalecer la partidocracia, no la democracia. El rechazo a todos los partidos (que flota en el ambiente) de traducirse en abstención o anulación del voto (según el caso) podría ser un eficaz acicate para urgirlos a realizar cambios en dirección democrática y participativa. Un aviso inequívoco de que muchos no estamos conformes con su desempeño, ni con la ruta por la que conducen la política, y de que no contarán con nuestro respaldo en tanto no veamos signos convincentes de inclusión ciudadana y apertura política.
No se trata, desde luego, de demoler el sistema de partidos, sino de reformarlo democráticamente. Pero los partidos no se ven muy dispuestos a ello. Paradójicamente, la abstención (o anulación del voto) puede verse a un tiempo como una expresión de la crisis de representación y una estrategia ciudadana para superarla. ¿Por qué? Los partidos requieren un cierto monto de legitimidad y respaldo ciudadano para su continuidad, y lo saben. Por lo cual, un elevado nivel de abstención (o de votos anulados) podría orillarlos a tomar las medidas necesarias para acercarse a la ciudadanía, para recuperar su credibilidad y compartir su poder con sus "representados". Si en cambio la participación es elevada, los partidos se ufanarán de un alto respaldo ciudadano, que leerán como prueba indiscutible de que están haciendo las cosas bien y que, en materia de representación política o participación ciudadana, no es necesario hacer mayores concesiones. Desde luego, ante el mensaje ciudadano de inconformidad, tocaría a los partidos reaccionar para transformar y democratizar el actual sistema partidario. De no hacerlo, la responsabilidad de un consecuente deterioro institucional sería fundamentalmente suya. En todo caso a los ciudadanos corresponde hacer su parte, pero no parece que volcarse a las urnas ayude a generar un clima de transformación real. Eso parece más bien seguir fingiendo que los partidos nos representan cabalmente, cuando no es así.
En México, la representación formal es trunca; podemos elegir a nuestros representantes mediante el voto, pero no podemos pedirles cuentas personalizadas, pues no hay reelección legislativa consecutiva, un mecanismo democrático que los partidos en general -y no sólo el PRI- han relegado deliberadamente. Es cierto que a través del voto se puede premiar a unos partidos y castigar a otros. Y eso tiene un efecto político indudable; reducir el poder a un partido para transferírselo a otro. En un primer plano, al votar por un partido se castiga a todos los demás. Pero en un siguiente nivel (considerando a los partidos como un gremio), un voto emitido por cualquiera de ellos legitima los privilegios de todos por igual, y los exonera políticamente de su alejamiento ciudadano, sus excesos y despilfarros. En esa lógica, el sufragio representa un espaldarazo a todos los partidos por su desempeño pasado, y un cheque en blanco para el futuro inmediato. Quien considere que la conducción de los partidos en general es deficiente o abusiva, o quien les ha perdido la confianza (por obviar razones), tiene comprensiblemente pocos incentivos para respaldarlos en las urnas. En lo que hace a los legisladores en particular, el sufragio equivale a avalar sus injustificablemente altos salarios, sus ofensivos aguinaldos y bonos, sus fastuosos gastos y viáticos, sus privilegiadas exenciones fiscales.
En tales condiciones, votar pareciera parte de la dejadez típicamente mexicana ante los excesos y abusos cometidos por los partidos y las autoridades emanadas de sus filas. Votar es atender al llamado de los partidos y creer en sus ofertas. Es respaldarlos en el momento en que necesitan nuestro sufragio, para inmediatamente después ser excluidos, marginados e ignorados por ellos... hasta la próxima elección, cuando volverán a requerir de nuestro apoyo. Los partidos piden el aval de los ciudadanos sin tomar después demasiado en cuenta sus opiniones, demandas y reclamos. En tanto no se hagan reformas que fortalezcan la participación ciudadana y permitan más eficazmente llamar a cuentas políticas a partidos y legisladores, sufragar es fortalecer la partidocracia, no la democracia. El rechazo a todos los partidos (que flota en el ambiente) de traducirse en abstención o anulación del voto (según el caso) podría ser un eficaz acicate para urgirlos a realizar cambios en dirección democrática y participativa. Un aviso inequívoco de que muchos no estamos conformes con su desempeño, ni con la ruta por la que conducen la política, y de que no contarán con nuestro respaldo en tanto no veamos signos convincentes de inclusión ciudadana y apertura política.
No se trata, desde luego, de demoler el sistema de partidos, sino de reformarlo democráticamente. Pero los partidos no se ven muy dispuestos a ello. Paradójicamente, la abstención (o anulación del voto) puede verse a un tiempo como una expresión de la crisis de representación y una estrategia ciudadana para superarla. ¿Por qué? Los partidos requieren un cierto monto de legitimidad y respaldo ciudadano para su continuidad, y lo saben. Por lo cual, un elevado nivel de abstención (o de votos anulados) podría orillarlos a tomar las medidas necesarias para acercarse a la ciudadanía, para recuperar su credibilidad y compartir su poder con sus "representados". Si en cambio la participación es elevada, los partidos se ufanarán de un alto respaldo ciudadano, que leerán como prueba indiscutible de que están haciendo las cosas bien y que, en materia de representación política o participación ciudadana, no es necesario hacer mayores concesiones. Desde luego, ante el mensaje ciudadano de inconformidad, tocaría a los partidos reaccionar para transformar y democratizar el actual sistema partidario. De no hacerlo, la responsabilidad de un consecuente deterioro institucional sería fundamentalmente suya. En todo caso a los ciudadanos corresponde hacer su parte, pero no parece que volcarse a las urnas ayude a generar un clima de transformación real. Eso parece más bien seguir fingiendo que los partidos nos representan cabalmente, cuando no es así.
sábado, 21 de febrero de 2009
De Contrabandos
Cuando, a finales de 2000, dialogué con el célebre ex comandante Guillermo González Calderoni, en McAllen, Texas, no sólo narró algunos de sus trabajos sucios, realizados bajo órdenes de Carlos Salinas según dijo, entre ellos los asesinatos de Francisco Javier Ovando y Gil Heráldez, dirigentes del neocardenista Frente Democrático Nacional, en vísperas de los fraudulentos comicios de 1988, sino dejó entrever que labraba una fortuna gracias a una singular actividad –"Los Cómplices", Océano, 2001-:
--Es el principal exportar de ropa usada a México –me explicó un informante-. El rubro es, desde luego, ilegal... pero en este momento es el mejor negocio, tan redituable como el narcotráfico.
--¿No estamos exagerando?
--Para nada. Una paca de ropa usada, de 120 kilos aproximadamente, puede valer tres dólares en Estados Unidos –en esa fecha, se entiende-, y en México, la comerciarla, produce hasta cinco mil dólares. Es un negocio hijo de la pobreza, de la mendicidad más bien, bajo los basamentos del narcotráfico.
Por ello, claro, a González Calderón, asesinado precisamente en McAllen dos años después de nuestra entrevista, precisamente el 5 de febrero de 2003, el mercadeo mencionado le venía como anillo al dedo conocidas sus interrelaciones con el llamado "capo del Golfo", Juan García Ábrego, aprehendido en 1997 y extraditado a la Unión Americana mediando un acta de nacimiento con la que se le endilgó la nacionalidad estadounidense.
En marzo de 2002, conversé con un célebre reo del penal de "alta seguridad" de Almoloya, el defenestrado general Jesús Gutiérrez Rebollo, considerado fugazmente, por sólo unos meses, el "zar antidrogas mexicano" hasta que fue recluido por sus presuntos vínculos con el "señor de los cielos", Amado Carrillo Fuentes –"Confidencias Peligrosas", Océano, 2002-. El ex mílite, luego de lanzar severos señalamientos contra el general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional –lo fue durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo-, se refirió a una de las principales fuentes de complicidades en la cúpula del poder. Le pregunté, en concreto, por Jaime Camil Garza, multimillonario y muy cercano amigo de quien fungió como presidente de México entre 1994, tras la sangre política derramada, y 2000, el año de la alternancia:
--¿Camil? –meditó el general-. Uno de los hombres fuertes, ¿eh? Yo sé que tiene la representación en México para la venta de armas y, sobre todo, de los muy socorridos tanques anfibios Panart, de fabricación francesa.
--El gran intermediario, entonces.
--Para cuanto se refiere a los pertrechos militares, sí. No le ha ido mal.
Dos grandes redes exitosas bajo el influjo de las grandes sociedades soterradas entre quienes ejercen el poder. Cada sexenio, los reacomodos son, por lo mismo, turbulentos. Pero la esencia de los negocios pervive. No es sólo el narcotráfico, como muchas veces se subraya, sino cuanto deviene de las estructuras paralelas, Durante todos estos años mantuvimos las denuncias en nuestros foros periodísticos sin que se dieran aclaraciones por parte de los involucrados. Tampoco hubo seguimientos por parte de la autoridad que tiende a evadir responsabilidades salvo cuando los escándalos asfixian y convulsionan o llega el dictado de las líneas superiores a los órganos de justicia y sus titulares, cerrados a sus propias iniciativas y a la demanda de justicia por parte de un colectivo sin amparo. Los casos duermen hasta que la superioridad los despierta.
Hace unos días, el embajador de México ante los Estados Unidos, Arturo Saruhkán Casamitjana –hijo, por cierto del ex rector de la UNAM, José Saruhkán Kermes-, solicitó al presidente estadounidense, Barack Obama, quien todavía vive la euforia de la asunción a pesar de los traspiés que le han obligado a modificar su gabinete inicial, su intervención para frenar el contrabando de armas hacia México, elemento toral para la proliferación de grupos subversivos, bandas delincuenciales y pandillas, en un entorno de creciente violencia que ya es observado, por la misma Casa Blanca, como uno de los más serios peligros contra la estabilidad de la mayor potencia de nuestra era. En este sentido, poco a poco, nuestro país va ganándole relevancia al convulso Medio Oriente sobre el cual volcó el temible clan Bush sus mayores andanadas.
Desde luego, no es un secreto que a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, considerada la más transitada en el mundo, funcionan a todo vapor, nada menos, mil quinientas armerías en las cuales, sin agobio ni mayores requisitos, cualquier ciudadano puede adquirir un espléndido poder de fuego, similar o mayor a los de uno de los intransitables marines especializados en invasiones y otras tormentas. No son pocas las familias, además, que poseen, en sus domicilios, verdaderos arsenales bajo el prurito de estar prestos a defenderse ante el agobio de los predadores sociales –en el sur, por ejemplo, son más los indocumentados convertidos en presas de cacería que los facinerosos listos a asaltar centros comerciales-, mientras el gobierno deshoja las margaritas.
Durante la administración foxista, precisamente, se recrudeció la importación de armas. Se estima que en ese lapso entraron a territorio nacional, sobre todo procedentes de las armerías fronterizas, ¡cuatro millones trescientas mil armas! Suficientes, desde luego, para pertrechar a los ejércitos de las naciones ubicadas al sur del Bravo y hasta la Patagonia. Desde luego, como la mayor parte de ellas se introdujeron ilegalmente no hay registro alguno sobre las mismas. Este dato, además, fue corroborado durante una reunión, en enero de 2008, entre el procurador mexicano, Eduardo Medina-Mora, y el entonces fiscal estadounidense, Michael Mukasey quienes dieron salida al proyecto "Gunrrunner" destinado a rastrear armamento a través de la franja fronteriza.
Un año y un mes después, el embajador Saruhkán insiste en que las medidas hasta ahora tomadas son, cuando menos, insuficientes. Las ejecuciones sumarias y los índices de criminalidad en aumento sobre el territorio nacional son pruebas más que fehacientes. Y, como es costumbre, la reacción acaso llega demasiado tarde.
Debate. Me llegan mensajes, anónimos por supuesto, en el sentido de que es necesario un "acuerdo" entre el gobierno de México y los capos del narcotráfico para detener "el reguero de cadáveres" y la consiguiente inseguridad general a cambio de medidas tales como la legalización de consumo de marihuana –tal y como propusieron los ex presidentes Zedillo, de México, Cardoso, de Brasil, y Gaviria, de Colombia-, y una mayor tolerancia al tráfico de estupefacientes sobre suelo mexicano:
--¿A nosotros, ciudadanos comunes, qué nos importa que hagan negocio los "cárteles"? Además, en Estados Unidos ni cosquillas les hacen...
Tal es la inquietante, perniciosa sentencia que conlleva un hecho incontrovertible: la evidente negligencia de los poderosos vecinos, acostumbrados a ver sólo paja en el ojo ajeno, incapaces de dar seguimiento, siquiera, a los grandes cargamentos con drogas una vez que vadean las mojoneras y el Bravo desde México. Ni padrinos ni "capos" ni "cárteles". Como si, por ejemplo, en la inmensa Nueva York la droga apareciera por encanto sin que hubiera un personaje central, con muy elevadas influencias, comercializándola a placer; y lo mismo en cada una de las urbes estadounidenses en donde comienzan a dispararse las alertas por la presencia, cada vez más numerosas, de mafiosos venidos del sur con amplia capacidad de consumo.
Así como las huellas se borran cuando llegan al linde entre nuestro país y el vecino que nos presiona, en materia de armas ocurre lo contrario: los rastros comienzan cuando pistolas, metralletas, rifles y hasta tanquetas, cruzan hacia México y se internan en las selvas urbanas dominadas por los grupos delincuenciales con coberturas multinacionales y poderosos contactos dentro de los gobiernos... de sendas naciones, no sólo del mexicano.
A estas alturas nadie puede decirse sorprendido. Pero de eso a proponer que se negocie con los capos, acaso al influjo de los mismos y sus operadores cibernéticos, esto es dentro y fuera del aparato gubernamental, hay una enorme distancia. Sería gravísimo que la "paz" se diera mediando un compromiso de no agresión, esto es para que los traficantes estuvieran a sus anchas, digamos como en los Estados Unidos, a costa de la degradación social que ello entraña. Tanto, sí, como una claudicación severísima de las instituciones arrolladas por las mafias dominantes.
Quizá por ello un personaje, ligado a las corporaciones policíacas, exaltó con su sarcasmo, ante este columnista, las penurias políticas:
--Ya tengo mi candidato para el 2012 –me dijo, orondo-. ¡Ismael "el mayo" Zambada!
El famoso "capo", quien a punta de cirugías ha modificado varias veces su rostro, cumplió sesenta y un años el pasado mes de enero. Seguramente hubo "besamanos".
El reto. Los cómplices son las claves para descifrar los galimatías actuales. No se trata de aplicar el sambenito de la "cacería de brujas" sino, sencillamente, de encontrar los hilos conductores para armar el rompecabezas que tanto agobia a los mexicanos, masacrados además por los discursos oficiales recurrentes sobre "buenas intenciones" y promesas de "aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias". ¡Cuántas veces estas palabras habrán sido saludadas con estentóreas carcajadas!
Armas, ropa usada, drogas. Tres de los laberintos en donde se han encontrado, a cada rato, los mafiosos y los funcionarios cooptados en el México de las simulaciones. Y luego hay quienes se sorprenden, como el zedillista Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones en la administración copada de Calderón, por los juegos de espionaje, los chantajes, las cintas infiltradas y los vídeos producidos con aviesos fines comiciales. Todos los afluentes llevan a la misma fuente original. Es cuestión, nada más, de seguir los cauces. Abundaremos.
La anécdota. En una de sus primeras entrevistas de prensa, convertido ya en un icono de las rebeliones esenciales, el famoso "subcomandante Marcos", identificado por la Procuraduría Generan desde 1995 como Rafael Sebastián Guillén Vicente, oriundo de Tampico, no se detuvo al especificar cómo había logrado armar a los neozapatistas:
--Es curioso –develó, palabras más o menos-. Los mandos militares, medios y altos, ofrecen armas en el mercado negro. Y allí fuimos adquiriendo, poco a poco, nuestros pertrechos.
Aquella declaración, sin embargo, no fue destacada ni siquiera por el cotidiano que la albergó. Se le dejó correr mientras se ponía énfasis en el perfil del hombre del pasamontañas que había puesto en jaque, declarándole la guerra, al propio ejército mexicano que después, en marzo de 2001, le serviría como escolta durante su primer periplo por el sur y el centro del país que remató, nada menos, en el Palacio de ¿Tendrá a mano esta información el embajador Saruhkán? Siquiera para que conozca cuál debiera ser el punto de arranque.
--Es el principal exportar de ropa usada a México –me explicó un informante-. El rubro es, desde luego, ilegal... pero en este momento es el mejor negocio, tan redituable como el narcotráfico.
--¿No estamos exagerando?
--Para nada. Una paca de ropa usada, de 120 kilos aproximadamente, puede valer tres dólares en Estados Unidos –en esa fecha, se entiende-, y en México, la comerciarla, produce hasta cinco mil dólares. Es un negocio hijo de la pobreza, de la mendicidad más bien, bajo los basamentos del narcotráfico.
Por ello, claro, a González Calderón, asesinado precisamente en McAllen dos años después de nuestra entrevista, precisamente el 5 de febrero de 2003, el mercadeo mencionado le venía como anillo al dedo conocidas sus interrelaciones con el llamado "capo del Golfo", Juan García Ábrego, aprehendido en 1997 y extraditado a la Unión Americana mediando un acta de nacimiento con la que se le endilgó la nacionalidad estadounidense.
En marzo de 2002, conversé con un célebre reo del penal de "alta seguridad" de Almoloya, el defenestrado general Jesús Gutiérrez Rebollo, considerado fugazmente, por sólo unos meses, el "zar antidrogas mexicano" hasta que fue recluido por sus presuntos vínculos con el "señor de los cielos", Amado Carrillo Fuentes –"Confidencias Peligrosas", Océano, 2002-. El ex mílite, luego de lanzar severos señalamientos contra el general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional –lo fue durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo-, se refirió a una de las principales fuentes de complicidades en la cúpula del poder. Le pregunté, en concreto, por Jaime Camil Garza, multimillonario y muy cercano amigo de quien fungió como presidente de México entre 1994, tras la sangre política derramada, y 2000, el año de la alternancia:
--¿Camil? –meditó el general-. Uno de los hombres fuertes, ¿eh? Yo sé que tiene la representación en México para la venta de armas y, sobre todo, de los muy socorridos tanques anfibios Panart, de fabricación francesa.
--El gran intermediario, entonces.
--Para cuanto se refiere a los pertrechos militares, sí. No le ha ido mal.
Dos grandes redes exitosas bajo el influjo de las grandes sociedades soterradas entre quienes ejercen el poder. Cada sexenio, los reacomodos son, por lo mismo, turbulentos. Pero la esencia de los negocios pervive. No es sólo el narcotráfico, como muchas veces se subraya, sino cuanto deviene de las estructuras paralelas, Durante todos estos años mantuvimos las denuncias en nuestros foros periodísticos sin que se dieran aclaraciones por parte de los involucrados. Tampoco hubo seguimientos por parte de la autoridad que tiende a evadir responsabilidades salvo cuando los escándalos asfixian y convulsionan o llega el dictado de las líneas superiores a los órganos de justicia y sus titulares, cerrados a sus propias iniciativas y a la demanda de justicia por parte de un colectivo sin amparo. Los casos duermen hasta que la superioridad los despierta.
Hace unos días, el embajador de México ante los Estados Unidos, Arturo Saruhkán Casamitjana –hijo, por cierto del ex rector de la UNAM, José Saruhkán Kermes-, solicitó al presidente estadounidense, Barack Obama, quien todavía vive la euforia de la asunción a pesar de los traspiés que le han obligado a modificar su gabinete inicial, su intervención para frenar el contrabando de armas hacia México, elemento toral para la proliferación de grupos subversivos, bandas delincuenciales y pandillas, en un entorno de creciente violencia que ya es observado, por la misma Casa Blanca, como uno de los más serios peligros contra la estabilidad de la mayor potencia de nuestra era. En este sentido, poco a poco, nuestro país va ganándole relevancia al convulso Medio Oriente sobre el cual volcó el temible clan Bush sus mayores andanadas.
Desde luego, no es un secreto que a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, considerada la más transitada en el mundo, funcionan a todo vapor, nada menos, mil quinientas armerías en las cuales, sin agobio ni mayores requisitos, cualquier ciudadano puede adquirir un espléndido poder de fuego, similar o mayor a los de uno de los intransitables marines especializados en invasiones y otras tormentas. No son pocas las familias, además, que poseen, en sus domicilios, verdaderos arsenales bajo el prurito de estar prestos a defenderse ante el agobio de los predadores sociales –en el sur, por ejemplo, son más los indocumentados convertidos en presas de cacería que los facinerosos listos a asaltar centros comerciales-, mientras el gobierno deshoja las margaritas.
Durante la administración foxista, precisamente, se recrudeció la importación de armas. Se estima que en ese lapso entraron a territorio nacional, sobre todo procedentes de las armerías fronterizas, ¡cuatro millones trescientas mil armas! Suficientes, desde luego, para pertrechar a los ejércitos de las naciones ubicadas al sur del Bravo y hasta la Patagonia. Desde luego, como la mayor parte de ellas se introdujeron ilegalmente no hay registro alguno sobre las mismas. Este dato, además, fue corroborado durante una reunión, en enero de 2008, entre el procurador mexicano, Eduardo Medina-Mora, y el entonces fiscal estadounidense, Michael Mukasey quienes dieron salida al proyecto "Gunrrunner" destinado a rastrear armamento a través de la franja fronteriza.
Un año y un mes después, el embajador Saruhkán insiste en que las medidas hasta ahora tomadas son, cuando menos, insuficientes. Las ejecuciones sumarias y los índices de criminalidad en aumento sobre el territorio nacional son pruebas más que fehacientes. Y, como es costumbre, la reacción acaso llega demasiado tarde.
Debate. Me llegan mensajes, anónimos por supuesto, en el sentido de que es necesario un "acuerdo" entre el gobierno de México y los capos del narcotráfico para detener "el reguero de cadáveres" y la consiguiente inseguridad general a cambio de medidas tales como la legalización de consumo de marihuana –tal y como propusieron los ex presidentes Zedillo, de México, Cardoso, de Brasil, y Gaviria, de Colombia-, y una mayor tolerancia al tráfico de estupefacientes sobre suelo mexicano:
--¿A nosotros, ciudadanos comunes, qué nos importa que hagan negocio los "cárteles"? Además, en Estados Unidos ni cosquillas les hacen...
Tal es la inquietante, perniciosa sentencia que conlleva un hecho incontrovertible: la evidente negligencia de los poderosos vecinos, acostumbrados a ver sólo paja en el ojo ajeno, incapaces de dar seguimiento, siquiera, a los grandes cargamentos con drogas una vez que vadean las mojoneras y el Bravo desde México. Ni padrinos ni "capos" ni "cárteles". Como si, por ejemplo, en la inmensa Nueva York la droga apareciera por encanto sin que hubiera un personaje central, con muy elevadas influencias, comercializándola a placer; y lo mismo en cada una de las urbes estadounidenses en donde comienzan a dispararse las alertas por la presencia, cada vez más numerosas, de mafiosos venidos del sur con amplia capacidad de consumo.
Así como las huellas se borran cuando llegan al linde entre nuestro país y el vecino que nos presiona, en materia de armas ocurre lo contrario: los rastros comienzan cuando pistolas, metralletas, rifles y hasta tanquetas, cruzan hacia México y se internan en las selvas urbanas dominadas por los grupos delincuenciales con coberturas multinacionales y poderosos contactos dentro de los gobiernos... de sendas naciones, no sólo del mexicano.
A estas alturas nadie puede decirse sorprendido. Pero de eso a proponer que se negocie con los capos, acaso al influjo de los mismos y sus operadores cibernéticos, esto es dentro y fuera del aparato gubernamental, hay una enorme distancia. Sería gravísimo que la "paz" se diera mediando un compromiso de no agresión, esto es para que los traficantes estuvieran a sus anchas, digamos como en los Estados Unidos, a costa de la degradación social que ello entraña. Tanto, sí, como una claudicación severísima de las instituciones arrolladas por las mafias dominantes.
Quizá por ello un personaje, ligado a las corporaciones policíacas, exaltó con su sarcasmo, ante este columnista, las penurias políticas:
--Ya tengo mi candidato para el 2012 –me dijo, orondo-. ¡Ismael "el mayo" Zambada!
El famoso "capo", quien a punta de cirugías ha modificado varias veces su rostro, cumplió sesenta y un años el pasado mes de enero. Seguramente hubo "besamanos".
El reto. Los cómplices son las claves para descifrar los galimatías actuales. No se trata de aplicar el sambenito de la "cacería de brujas" sino, sencillamente, de encontrar los hilos conductores para armar el rompecabezas que tanto agobia a los mexicanos, masacrados además por los discursos oficiales recurrentes sobre "buenas intenciones" y promesas de "aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias". ¡Cuántas veces estas palabras habrán sido saludadas con estentóreas carcajadas!
Armas, ropa usada, drogas. Tres de los laberintos en donde se han encontrado, a cada rato, los mafiosos y los funcionarios cooptados en el México de las simulaciones. Y luego hay quienes se sorprenden, como el zedillista Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones en la administración copada de Calderón, por los juegos de espionaje, los chantajes, las cintas infiltradas y los vídeos producidos con aviesos fines comiciales. Todos los afluentes llevan a la misma fuente original. Es cuestión, nada más, de seguir los cauces. Abundaremos.
La anécdota. En una de sus primeras entrevistas de prensa, convertido ya en un icono de las rebeliones esenciales, el famoso "subcomandante Marcos", identificado por la Procuraduría Generan desde 1995 como Rafael Sebastián Guillén Vicente, oriundo de Tampico, no se detuvo al especificar cómo había logrado armar a los neozapatistas:
--Es curioso –develó, palabras más o menos-. Los mandos militares, medios y altos, ofrecen armas en el mercado negro. Y allí fuimos adquiriendo, poco a poco, nuestros pertrechos.
Aquella declaración, sin embargo, no fue destacada ni siquiera por el cotidiano que la albergó. Se le dejó correr mientras se ponía énfasis en el perfil del hombre del pasamontañas que había puesto en jaque, declarándole la guerra, al propio ejército mexicano que después, en marzo de 2001, le serviría como escolta durante su primer periplo por el sur y el centro del país que remató, nada menos, en el Palacio de ¿Tendrá a mano esta información el embajador Saruhkán? Siquiera para que conozca cuál debiera ser el punto de arranque.
¡Pobre Pueblo!
Sí, me atrevo a afirmar con énfasis, y con el dolor y la angustia aposentados en mi pecho, que el pueblo mexicano, del que soy parte, sufre mucho a causa de los desmanes de los malos gobiernos.
Este noble y generoso pueblo ha sido testigo del deterioro de su patria sin poder impedirlo. Otros tres jinetes, como aquellos llamados del Apocalipsis, han devastado el territorio. A galope tendido van dejando por doquier sus sucias huellas... Corrupción, impunidad y simulación, quizá la más perversa de las tres, llenan todos los ámbitos de gobierno del país.
La injusticia crece como mala yerba y, como trepadora nsaciable, ha ido afianzándose en todos los lugares en los que debería impartirse justicia y ha llegado a cubrir por completo hasta a la llamada Suprema Corte de Justicia de la nación...
¿En quién creer, en quiénes confiar, si esos ministros, en vez de cumplir con el deber de defender a los ayunos de justicia, se decidieron por proteger a los malos gobernantes?
El pueblo mexicano, sí, este pobre pueblo, no está formado por retrasados mentales y sabe distinguir a quienes actúan como sus enemigos y es solidario con todos los que sufren.
Sintió como una afrenta el fallo de la Corte en el caso de Atenco y siente como una burla la poca o nula atención a lo que ha sucedido en Oaxaca. Se entera día a día de todos los abusos de policías y soldados en todos los estados de la República y le hierve la sangre de furia mal contenida cuando lee o escucha que todo es culpa del "crimen organizado"... como si no tuviéramos, todos, testimonios de años de la sevicia de las Fuerzas Armadas y de las mal llamadas fuerzas del orden.
De todos los rincones de la patria salen gritos airados contra el mal comportamiento del Ejército y hoy, que es el día dedicado a él, tal vez deberían pensar los "altos mandos" en el daño que le hacen a esa parte del pueblo, el "pueblo uniformado", como muchos llamamos a los soldados, que se ven precisados a obedecer órdenes injustas de actos contra sus hermanos de raza y de clase, y no pocas contrarias a lo establecido en el Código de Justicia Militar... Y que se atrevan a decir que mentimos, cuando tenemos documentados los casos de desapariciones forzadas y de tortura desde muchos años.
Contra tamaña injusticia, nuestro pueblo a veces sólo se sirve de la ironía y es común escuchar:
"Sí, delincuencia organizada y gobierno desorganizado"... ¡Pobre pueblo!
Este noble y generoso pueblo ha sido testigo del deterioro de su patria sin poder impedirlo. Otros tres jinetes, como aquellos llamados del Apocalipsis, han devastado el territorio. A galope tendido van dejando por doquier sus sucias huellas... Corrupción, impunidad y simulación, quizá la más perversa de las tres, llenan todos los ámbitos de gobierno del país.
La injusticia crece como mala yerba y, como trepadora nsaciable, ha ido afianzándose en todos los lugares en los que debería impartirse justicia y ha llegado a cubrir por completo hasta a la llamada Suprema Corte de Justicia de la nación...
¿En quién creer, en quiénes confiar, si esos ministros, en vez de cumplir con el deber de defender a los ayunos de justicia, se decidieron por proteger a los malos gobernantes?
El pueblo mexicano, sí, este pobre pueblo, no está formado por retrasados mentales y sabe distinguir a quienes actúan como sus enemigos y es solidario con todos los que sufren.
Sintió como una afrenta el fallo de la Corte en el caso de Atenco y siente como una burla la poca o nula atención a lo que ha sucedido en Oaxaca. Se entera día a día de todos los abusos de policías y soldados en todos los estados de la República y le hierve la sangre de furia mal contenida cuando lee o escucha que todo es culpa del "crimen organizado"... como si no tuviéramos, todos, testimonios de años de la sevicia de las Fuerzas Armadas y de las mal llamadas fuerzas del orden.
De todos los rincones de la patria salen gritos airados contra el mal comportamiento del Ejército y hoy, que es el día dedicado a él, tal vez deberían pensar los "altos mandos" en el daño que le hacen a esa parte del pueblo, el "pueblo uniformado", como muchos llamamos a los soldados, que se ven precisados a obedecer órdenes injustas de actos contra sus hermanos de raza y de clase, y no pocas contrarias a lo establecido en el Código de Justicia Militar... Y que se atrevan a decir que mentimos, cuando tenemos documentados los casos de desapariciones forzadas y de tortura desde muchos años.
Contra tamaña injusticia, nuestro pueblo a veces sólo se sirve de la ironía y es común escuchar:
"Sí, delincuencia organizada y gobierno desorganizado"... ¡Pobre pueblo!
miércoles, 18 de febrero de 2009
Narcopoliticos
Tiene razón política el presidente Felipe Calderón cuando asegura que el narcotráfico penetró a la sociedad y a las autoridades. Tiene razón histórica cuando cuestiona inquisidor porqué se llegó a esa barbarie que significa la corrupción de las autoridades. Pero no tiene razón legítima porque sigue avalando –su omisión jurídica apoya el alegato- que funcionarios federales, autoridades estatales y municipales de quienes tiene investigaciones el gobierno federal de su presunta relación con el crimen organizado, sigan gobernando y tomando decisiones que afectan a la comunidad. Decenas de ellos se mantienen sin ser, siquiera, presionados.
Esta falta acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben. ¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, henli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
Esta falta acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben. ¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, henli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
lunes, 16 de febrero de 2009
De rodillas ante la televisión
El comportamiento del presidente Felipe Calderón con las televisoras es zigzagueante, de odio y conveniencia, de agresión y tregua, incierto, indefinido, bien cae en el modelo esquizofrénico.
Antes de tomar posesión dio un fuerte manotazo sobre la mesa y rompió drásticamente la relación que incubó el poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez en Los Pinos, cuando la jefa fáctica era Marta Sahagún. Gómez, muy cercano al principal accionista de la empresa, Emilio Azcárraga, había establecido un fuerte nexo con el rival de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y llegó a pensar que era su apuesta para la Presidencia. Por eso, cuando trató de restablecer la relación que había forjado con la señora Sahagún, le dieron con la puerta en las narices. Desde ese momento en adelante, planteó Calderón, la relación sería directa con Azcárraga, no más con Gómez.
El coraje le duró poco; su equipo sabe perfectamente que sin la televisión son nada. El año pasado, cuando un importante propietario de medio impreso le presentó un detallado estudio de frecuencias de televisión, Calderón utilizó un lenguaje sibilino para señalar que contra sus intenciones de arranque de sexenio, no habría una tercera cadena de televisión, algo que tanto Televisa como Televisión Azteca se oponían. "Las televisoras me han ayudado mucho", le dijo Calderón al empresario, de acuerdo con los detalles de esa plática en Los Pinos, "y yo soy muy agradecido". La tercera cadena se fue al archivo.
Las dos grandes televisoras les molestan en Los Pinos, y les enfurece que de manera regular la primera media hora de su noticiero estelar nocturno se lo dediquen a la violencia, porque piensan que de esa forma hacen una apología de los criminales. Pero no pueden gobernar sin ellas. Todas las estrategias de comunicación e imagen que se desarrollan en Los Pinos están pensadas en la televisión y, en menor importancia, la radio. Las adulan y las odian. En este último estado de ánimo se encontraban cuando las televisoras transmitieron en bloque los spots de propaganda política que les envió el IFE al arranque de la temporada electoral. A través de diferentes funcionarios, el gobierno de Calderón presionó fuertemente al IFE para que aplicaran las sanciones a las televisoras. El IFE, por cuenta propia, elaboró un dictamen para multarlas por un total de 11 millones de pesos, y el fin de semana anterior se daba por descontado que se sancionaría a las
televisoras.
De hecho, los cálculos sugerían que 7 de los 9 de los consejeros electorales aprobarían las sanciones. Pero todo fue cambiando en el transcurso de los días. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a varios consejeros para persuadirlos que no multaran a las televisoras. Era la ley, admitió ante ellos, pero habría que darle la vuelta a la ley. Varios consejeros se mostraron consternados y azorados por la postura extralegal de quien debería de ser uno de los cruzados contra la ilegalidad. La petición de la Presidencia, transmitida cínicamente, había sido que el IFE diera marcha atrás en las sanciones y encontrara una fórmula para no pelear con las televisoras. Gómez Mont y el intenso cabildeo de las cadenas –en su legítimo derecho-, fueron el preámbulo para una votación de vergüenza al acabar la semana.
Una propuesta del consejero Marco Antonio Baños para sobreseer las sanciones, fue avalada por los consejeros Marco Gómez, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero, bajo el argumento de que como ya habían llegado a un acuerdo el IFE y la Comisión Nacional de la Industria de Radio y Televisión para transmitir los spots sin alterar su programación, quedaba superado el tema de las sanciones. Un acuerdo similar habían logrado ambas partes antes de que se suscitara el conflicto, precedente que no fue considerado relevante en el estudio del caso. No debe extrañar. Los consejeros responden a intereses muy vinculados con el gobierno o con el PRI y su partido satélite, el Verde, que deben haber evaluado que un pleito con las televisoras no era el mejor camino para una elección crítica como la intermedia de julio próximo. El guiño de regreso vino el viernes por la noche en el noticiario estelar de Televisa, donde en el formato de una noticia
sobre el líder del PAN, Germán Martínez, se dejó en pantalla durante varios segundos su fotografía con el logotipo grande del partido atrás, que bajo cualquier consideración periodística o política, de que esa imagen, que no aportaba información alguna al televidente, fue un spot.
Este último episodio que involucró a las televisoras volvió a demostrar la fragilidad del gobierno de Calderón y la enorme necesidad que tienen de las televisoras. La conducta esquizofrénica entre querer ubicarlas en su lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo desistirse de todas esas intenciones porque es su oxígeno, coloca a la Presidencia en una posición tan ambivalente y a merced total de los intereses de la televisión. Es también la última prueba que en México no hay Estado, pero hay poder. En este caso, no lo tiene el gobierno; lo tienen las televisoras.
Antes de tomar posesión dio un fuerte manotazo sobre la mesa y rompió drásticamente la relación que incubó el poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez en Los Pinos, cuando la jefa fáctica era Marta Sahagún. Gómez, muy cercano al principal accionista de la empresa, Emilio Azcárraga, había establecido un fuerte nexo con el rival de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y llegó a pensar que era su apuesta para la Presidencia. Por eso, cuando trató de restablecer la relación que había forjado con la señora Sahagún, le dieron con la puerta en las narices. Desde ese momento en adelante, planteó Calderón, la relación sería directa con Azcárraga, no más con Gómez.
El coraje le duró poco; su equipo sabe perfectamente que sin la televisión son nada. El año pasado, cuando un importante propietario de medio impreso le presentó un detallado estudio de frecuencias de televisión, Calderón utilizó un lenguaje sibilino para señalar que contra sus intenciones de arranque de sexenio, no habría una tercera cadena de televisión, algo que tanto Televisa como Televisión Azteca se oponían. "Las televisoras me han ayudado mucho", le dijo Calderón al empresario, de acuerdo con los detalles de esa plática en Los Pinos, "y yo soy muy agradecido". La tercera cadena se fue al archivo.
Las dos grandes televisoras les molestan en Los Pinos, y les enfurece que de manera regular la primera media hora de su noticiero estelar nocturno se lo dediquen a la violencia, porque piensan que de esa forma hacen una apología de los criminales. Pero no pueden gobernar sin ellas. Todas las estrategias de comunicación e imagen que se desarrollan en Los Pinos están pensadas en la televisión y, en menor importancia, la radio. Las adulan y las odian. En este último estado de ánimo se encontraban cuando las televisoras transmitieron en bloque los spots de propaganda política que les envió el IFE al arranque de la temporada electoral. A través de diferentes funcionarios, el gobierno de Calderón presionó fuertemente al IFE para que aplicaran las sanciones a las televisoras. El IFE, por cuenta propia, elaboró un dictamen para multarlas por un total de 11 millones de pesos, y el fin de semana anterior se daba por descontado que se sancionaría a las
televisoras.
De hecho, los cálculos sugerían que 7 de los 9 de los consejeros electorales aprobarían las sanciones. Pero todo fue cambiando en el transcurso de los días. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a varios consejeros para persuadirlos que no multaran a las televisoras. Era la ley, admitió ante ellos, pero habría que darle la vuelta a la ley. Varios consejeros se mostraron consternados y azorados por la postura extralegal de quien debería de ser uno de los cruzados contra la ilegalidad. La petición de la Presidencia, transmitida cínicamente, había sido que el IFE diera marcha atrás en las sanciones y encontrara una fórmula para no pelear con las televisoras. Gómez Mont y el intenso cabildeo de las cadenas –en su legítimo derecho-, fueron el preámbulo para una votación de vergüenza al acabar la semana.
Una propuesta del consejero Marco Antonio Baños para sobreseer las sanciones, fue avalada por los consejeros Marco Gómez, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero, bajo el argumento de que como ya habían llegado a un acuerdo el IFE y la Comisión Nacional de la Industria de Radio y Televisión para transmitir los spots sin alterar su programación, quedaba superado el tema de las sanciones. Un acuerdo similar habían logrado ambas partes antes de que se suscitara el conflicto, precedente que no fue considerado relevante en el estudio del caso. No debe extrañar. Los consejeros responden a intereses muy vinculados con el gobierno o con el PRI y su partido satélite, el Verde, que deben haber evaluado que un pleito con las televisoras no era el mejor camino para una elección crítica como la intermedia de julio próximo. El guiño de regreso vino el viernes por la noche en el noticiario estelar de Televisa, donde en el formato de una noticia
sobre el líder del PAN, Germán Martínez, se dejó en pantalla durante varios segundos su fotografía con el logotipo grande del partido atrás, que bajo cualquier consideración periodística o política, de que esa imagen, que no aportaba información alguna al televidente, fue un spot.
Este último episodio que involucró a las televisoras volvió a demostrar la fragilidad del gobierno de Calderón y la enorme necesidad que tienen de las televisoras. La conducta esquizofrénica entre querer ubicarlas en su lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo desistirse de todas esas intenciones porque es su oxígeno, coloca a la Presidencia en una posición tan ambivalente y a merced total de los intereses de la televisión. Es también la última prueba que en México no hay Estado, pero hay poder. En este caso, no lo tiene el gobierno; lo tienen las televisoras.
Estado débil y dependiente
Si la noción del Estado fallido es inadmisible y absurda, es necesario tratar de describir las profundas fallas del Estado y ubicar las fuentes de su miseria. Aquel concepto nace, más que del interés por conocer, de la ansiedad de la última potencia. Tras el desmoronamiento de su poderoso enemigo, la mirilla imperial enfoca a las nuevas amenazas. Se pretende detectar al enemigo que la impotencia incuba. Ya no atemoriza el imperio del mal; sino el mal que el desgobierno fomenta. La cartografía de peligros marca el itinerario de la intervención armada. Los territorios del Estado fallido se convierten de inmediato en candidatos a una ocupación militar que instaure orden, construya ley y forme naciones.
Pero, independientemente de que aquella camisa no nos quede, el fracaso del Estado mexicano es inocultable. Todos los días conocemos rudos testimonios de su quiebra. El mosaico de cualquier diario presenta un paisaje desastroso. El Estado es incapaz de instaurar el orden, de garantizar tranquilidad a lo largo del territorio. La violencia criminal cobra víctimas cotidianamente. La atrocidad a la que nos acostumbramos no es sólo aniquilamiento de enemigos, sino también intimidación a todos los que se dispongan a oponerse al crimen organizado. Columpiándose entre los métodos terroristas y las prácticas de la oposicion constitucional, los criminales retan al poder, a los ciudadanos, a los medios. En el mural cotidiano de la prensa presenciamos también la inserción del delito en todos los cuadros de las instituciones públicas. A la contabilidad de la violencia se suma el registro de la corrupción. Una estampa que se ha repetido un par de ocasiones es particularmente elocuente: se desarma a la policía local para ofrecer seguridad a un pueblo. El Leviatán convertido en fuente de anarquía; el Estado, un proveedor de inseguridad. El fracaso se constata también en la incapacidad del orden institucional para hacer cumplir sus propias leyes. Léase con atención el recuento que la Suprema Corte de Justicia ha hecho de las ilegalidades en el caso Atenco. El relato es descripción de una ilegalidad hecha rutina; retrato de un poder que emplea su título como permiso de venganza. Ilegalidad sustentada en la falta de adiestramiento de los cuerpos de seguridad y también en el empleo faccioso de los instrumentos de justicia. Además del abuso de los cuerpos de seguridad, la intervención del máximo tribunal mexicano ha puesto en evidencia la subordinación de las investigaciones al interés político. Los atropellos no tienen consecuencias. La impunidad encuentra en el orden político su seguro más franco. Penosamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia convalidó el régimen de impunidad.
Pero el fracaso del Estado mexicano no se detiene en esa órbita de una legalidad tronchada. Su extrema debilidad se muestra también en la desaparición del interés público. El Estado no existe solamente para dictar e imponer ley. Se funda también para asegurar políticas que sirvan al interés general. La democracia presenta en ese aspecto, un reto delicado. Por una parte asegura a cada ciudadano voto para influir en la formación de los órganos de representación. Pero por otro lado, alienta aglutinaciones de poder que logran afianzar su interés por medio de los propios vehículos del pluralismo. Por eso puede decirse que el Estado mexicano suma a su incapacidad pacificadora, un segundo fracaso: su dependencia.
El ingreso de México a la democracia quedó marcado con el proceso de subordinación estatal a los grupos de interés. La sumisión es resultado de un proceso complejo en donde intervienen factores fiscales (la extrema debilidad recaudatoria del Estado mexicano); políticos (la herencia de un régimen corporativo donde las viejas subordinaciones adquieren súbita beligerancia e independencia); sociales (la ancestral concentración de la riqueza); económicas (la coagulación monopólica). También tiene un interesante capítulo intelectual. Me refiero al entendimiento de la democracia como el vaciamiento de una voluntad propiamente política. El simplismo democrático—sobre todo el del panismo gobernante—ha entendido al gobierno como una caja hueca que recibe demandas para transformarlas en leyes y decretos. La tarea de la administración sería, entonces, tomar, absorber, adoptar las demandas de la "sociedad civil", integrarla con otras exigencias y, tras ventilarla en el Congreso, dictar las leyes posibles.
Así, el espacio estatal ha sido exitosamente capturado por intereses privados. Los árbitros, los órganos de la neutralidad, las instituciones de Estado actúan en buena medida como apoderados de intereses particulares. Un liberalismo antipolítico parece confirmar involuntariamente las tesis políticas de Marx: el Estado como garante del interés particular. El cuadro muestra dos gravísimos fracasos del poder político. Fracaso del Estado que establece el orden; fracaso del Estado que canaliza el interés general. A la impotencia del Estado frente a los criminales, habrá que agregar la abulia del Estado frente a los poderosos.
Pero, independientemente de que aquella camisa no nos quede, el fracaso del Estado mexicano es inocultable. Todos los días conocemos rudos testimonios de su quiebra. El mosaico de cualquier diario presenta un paisaje desastroso. El Estado es incapaz de instaurar el orden, de garantizar tranquilidad a lo largo del territorio. La violencia criminal cobra víctimas cotidianamente. La atrocidad a la que nos acostumbramos no es sólo aniquilamiento de enemigos, sino también intimidación a todos los que se dispongan a oponerse al crimen organizado. Columpiándose entre los métodos terroristas y las prácticas de la oposicion constitucional, los criminales retan al poder, a los ciudadanos, a los medios. En el mural cotidiano de la prensa presenciamos también la inserción del delito en todos los cuadros de las instituciones públicas. A la contabilidad de la violencia se suma el registro de la corrupción. Una estampa que se ha repetido un par de ocasiones es particularmente elocuente: se desarma a la policía local para ofrecer seguridad a un pueblo. El Leviatán convertido en fuente de anarquía; el Estado, un proveedor de inseguridad. El fracaso se constata también en la incapacidad del orden institucional para hacer cumplir sus propias leyes. Léase con atención el recuento que la Suprema Corte de Justicia ha hecho de las ilegalidades en el caso Atenco. El relato es descripción de una ilegalidad hecha rutina; retrato de un poder que emplea su título como permiso de venganza. Ilegalidad sustentada en la falta de adiestramiento de los cuerpos de seguridad y también en el empleo faccioso de los instrumentos de justicia. Además del abuso de los cuerpos de seguridad, la intervención del máximo tribunal mexicano ha puesto en evidencia la subordinación de las investigaciones al interés político. Los atropellos no tienen consecuencias. La impunidad encuentra en el orden político su seguro más franco. Penosamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia convalidó el régimen de impunidad.
Pero el fracaso del Estado mexicano no se detiene en esa órbita de una legalidad tronchada. Su extrema debilidad se muestra también en la desaparición del interés público. El Estado no existe solamente para dictar e imponer ley. Se funda también para asegurar políticas que sirvan al interés general. La democracia presenta en ese aspecto, un reto delicado. Por una parte asegura a cada ciudadano voto para influir en la formación de los órganos de representación. Pero por otro lado, alienta aglutinaciones de poder que logran afianzar su interés por medio de los propios vehículos del pluralismo. Por eso puede decirse que el Estado mexicano suma a su incapacidad pacificadora, un segundo fracaso: su dependencia.
El ingreso de México a la democracia quedó marcado con el proceso de subordinación estatal a los grupos de interés. La sumisión es resultado de un proceso complejo en donde intervienen factores fiscales (la extrema debilidad recaudatoria del Estado mexicano); políticos (la herencia de un régimen corporativo donde las viejas subordinaciones adquieren súbita beligerancia e independencia); sociales (la ancestral concentración de la riqueza); económicas (la coagulación monopólica). También tiene un interesante capítulo intelectual. Me refiero al entendimiento de la democracia como el vaciamiento de una voluntad propiamente política. El simplismo democrático—sobre todo el del panismo gobernante—ha entendido al gobierno como una caja hueca que recibe demandas para transformarlas en leyes y decretos. La tarea de la administración sería, entonces, tomar, absorber, adoptar las demandas de la "sociedad civil", integrarla con otras exigencias y, tras ventilarla en el Congreso, dictar las leyes posibles.
Así, el espacio estatal ha sido exitosamente capturado por intereses privados. Los árbitros, los órganos de la neutralidad, las instituciones de Estado actúan en buena medida como apoderados de intereses particulares. Un liberalismo antipolítico parece confirmar involuntariamente las tesis políticas de Marx: el Estado como garante del interés particular. El cuadro muestra dos gravísimos fracasos del poder político. Fracaso del Estado que establece el orden; fracaso del Estado que canaliza el interés general. A la impotencia del Estado frente a los criminales, habrá que agregar la abulia del Estado frente a los poderosos.
México y Tailandia: Impunidad o destino
Mi viaje comenzó en Londres, donde un investigador sobre pornografía infantil declaró que, de las redes internacionales de pedófilos que su equipo descubrió, el único país que no quiso colaborar para investigar a los abusadores mexicanos, fue México. La impunidad de la PGR sigue sorprendiendo a los británicos.
Partí hacia Turquía, después a Kirguistán, en Asia Central. Este país perteneció a la Unión Soviética, ahora se ha convertido en el proveedor de niñas y mujeres para la explotación sexual comercial en Turquía, Rusia y los Emiratos Árabes. La pobreza y la impunidad son aliados de los tratantes de mujeres y niñas. Kirguistán, atrapado en la ruta del trasiego de opio, es el gran fabricante de químicos para transformar el opio en heroína, además ya es consumidor. Le quitó el liderazgo a Afganistán. Un poco como México a Colombia.
He entrevistado a especialistas y altos mandos del Ejército encargados de Migración e Inteligencia Antinarcóticos. El coronel Turusbeckov, con el semblante sombrío asegura que mientras ellos detienen a los tratantes de mujeres la Policía del Estado los libera. La corrupción, dice ¡no sabe lo tremenda que es! El coronel evidentemente no conoce México.
Mientras los tratantes de personas sean protegidos por el Estado, se nutre al crimen organizado, asegura la mayor Gulmira Borubaeva. Los funcionarios públicos se hacen cómplices; las rutas del narcotráfico son las mismas de los tratantes de mujeres y niñas. Si no estuvieran hablando en ruso, hubiera jurado que estábamos en Tijuana, o en Chiapas.
Justo el 14 de febrero amanecí en Bangkok, Tailandia. Este país y Filipinas, son los más conocidos por el turismo sexual infantil y juvenil. Aunque no son los únicos, con los años forjaron su fama.
La Red por de los Derechos de la Infancia Ecpat con sede en Bangkok, celebra que las autoridades hayan sentenciado a 14 años de prisión al británico Maurice John Praill, por haber violado a un niño de 8 años. Ecpat espera que en cuanto cumpla su sentencia, se le deporte a Inglaterra y allí sea monitoreado para que no viole más niños. El problema, asegura un policía, es que viajará a otro país para hacerlo, ellos viven de la impunidad ¿A qué otro lugar, si queda vetado en Asia del Este y el Pacífico? le pregunto. A México o Brasil, dice sin chistar, los depredadores sexuales conocen las rutas de la impunidad. Ellos van a donde saben que nadie les hará daño.
Regreso a mi hotel, a transcribir notas sobre las rutas internacionales de tratantes de mujeres, niñas y niños. Miro el reloj, estamos doce horas delante de México. Abro El Universal online, encuentro las grabaciones del secretario Téllez, quien amenaza a los medios que difundieron sus llamadas; Carmen Aristegui, una de las culpables. Recuerdo el 14 de febrero de 2006 Blanche Petrich en La Jornada y Aristegui en la radio, revelaron las llamadas entre Kamel Nacif y Marín "el precioso". Ya es historia.
Hago otra entrevista que esclarece el vínculo entre maquiladoras, explotación laboral y sexual. Una especialista noruega asegura que las redes se tejen desde fuera hacia adentro. Afuera las autoridades más poderosas, en el centro los criminales. La cobardía y complicidad de las autoridades mexicanas nos podría convertir en la Tailandia de América. Afuera la Suprema Corte, adentro... haga usted la lista. Desde este lado del mundo, me queda claro que sólo una sociedad fuerte y una prensa libre pueden evitar el destino que nos auguran quienes conocen los mecanismos de la esclavitud del siglo XXI.
Partí hacia Turquía, después a Kirguistán, en Asia Central. Este país perteneció a la Unión Soviética, ahora se ha convertido en el proveedor de niñas y mujeres para la explotación sexual comercial en Turquía, Rusia y los Emiratos Árabes. La pobreza y la impunidad son aliados de los tratantes de mujeres y niñas. Kirguistán, atrapado en la ruta del trasiego de opio, es el gran fabricante de químicos para transformar el opio en heroína, además ya es consumidor. Le quitó el liderazgo a Afganistán. Un poco como México a Colombia.
He entrevistado a especialistas y altos mandos del Ejército encargados de Migración e Inteligencia Antinarcóticos. El coronel Turusbeckov, con el semblante sombrío asegura que mientras ellos detienen a los tratantes de mujeres la Policía del Estado los libera. La corrupción, dice ¡no sabe lo tremenda que es! El coronel evidentemente no conoce México.
Mientras los tratantes de personas sean protegidos por el Estado, se nutre al crimen organizado, asegura la mayor Gulmira Borubaeva. Los funcionarios públicos se hacen cómplices; las rutas del narcotráfico son las mismas de los tratantes de mujeres y niñas. Si no estuvieran hablando en ruso, hubiera jurado que estábamos en Tijuana, o en Chiapas.
Justo el 14 de febrero amanecí en Bangkok, Tailandia. Este país y Filipinas, son los más conocidos por el turismo sexual infantil y juvenil. Aunque no son los únicos, con los años forjaron su fama.
La Red por de los Derechos de la Infancia Ecpat con sede en Bangkok, celebra que las autoridades hayan sentenciado a 14 años de prisión al británico Maurice John Praill, por haber violado a un niño de 8 años. Ecpat espera que en cuanto cumpla su sentencia, se le deporte a Inglaterra y allí sea monitoreado para que no viole más niños. El problema, asegura un policía, es que viajará a otro país para hacerlo, ellos viven de la impunidad ¿A qué otro lugar, si queda vetado en Asia del Este y el Pacífico? le pregunto. A México o Brasil, dice sin chistar, los depredadores sexuales conocen las rutas de la impunidad. Ellos van a donde saben que nadie les hará daño.
Regreso a mi hotel, a transcribir notas sobre las rutas internacionales de tratantes de mujeres, niñas y niños. Miro el reloj, estamos doce horas delante de México. Abro El Universal online, encuentro las grabaciones del secretario Téllez, quien amenaza a los medios que difundieron sus llamadas; Carmen Aristegui, una de las culpables. Recuerdo el 14 de febrero de 2006 Blanche Petrich en La Jornada y Aristegui en la radio, revelaron las llamadas entre Kamel Nacif y Marín "el precioso". Ya es historia.
Hago otra entrevista que esclarece el vínculo entre maquiladoras, explotación laboral y sexual. Una especialista noruega asegura que las redes se tejen desde fuera hacia adentro. Afuera las autoridades más poderosas, en el centro los criminales. La cobardía y complicidad de las autoridades mexicanas nos podría convertir en la Tailandia de América. Afuera la Suprema Corte, adentro... haga usted la lista. Desde este lado del mundo, me queda claro que sólo una sociedad fuerte y una prensa libre pueden evitar el destino que nos auguran quienes conocen los mecanismos de la esclavitud del siglo XXI.
viernes, 13 de febrero de 2009
Catastrofismo o Catastrofe
Para ser catastrofista no hace falta una actitud pesimista sino, ante todo, dilucidar si estamos en una catástrofe o nomás la inventamos, en cuyo caso el catastrofismo es inocuo y no hay de qué preocuparse. El debate, entonces, consiste en conocer las causas de la crisis, evaluar la situación de la economía y advertir los efectos sociales.
El primer punto es que la recesión ya está admitida por todos. Sin embargo, Calderón sostiene que se trata sólo de un reflejo de la recesión en Estados Unidos, la cual --se piensa-- es producto de una falta de regulación y un mal manejo de los mercados financieros. Esto no parece ser del todo cierto.
Los grandes negocios financieros que precedieron a la crisis fueron provocados por una sobre liquidez incontrolada, es decir, la existencia de valores de capital mucho mayores que los aplicables en la inversión productiva. Las súper ganancias no pudieron ser usadas en las mismas ramas de la economía donde fueron generadas y tampoco en otras, de tal manera que la liquidez fue lanzada hacia la esfera de la especulación con una desesperada colocación improductiva y, por tanto, circular de los capitales-dinero que volvían siempre a los mismos mercados especulativos. Aquí tenemos un problema de la estructura social.
El problema de México no sólo consiste en la disminución del consumo en Estados Unidos, donde se vende casi el 20 por ciento del PIB mexicano, sino en el estancamiento de la economía que lleva ya demasiados años, por lo que éste no es coyuntural. Lo que se requiere ahora es revisar el modelo económico y no sólo tomar medidas de emergencia que en poco podrían aliviar los efectos de la crisis.
Uno de los temas centrales es el papel del gasto público en el crecimiento y en la reindustrialización del país. Esto es lo que niega Calderón. Sin embargo, lo que hoy debe hacer el Estado mexicano es aumentar la inversión pública productiva de acuerdo con un plan de reactivación de la producción y fomento del mercado interno. El factor externo no podrá ser ahora una esperanza. Es el tiempo de volver los ojos hacia adentro.
El planteamiento concreto es invertir cada año, durante 2009 y 2010, por lo menos unos 500 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado, para lo cual se debería recortar gasto corriente, hacer uso de fondos congelados, canalizar los subejercicios y acudir al financiamiento por otros dos puntos porcentuales del PIB. El déficit público se ubicaría en unos cuatro puntos del producto (1.8 ya presupuestado y 2 agregado), lo cual resulta recomendable bajo la crisis (sacar capital-dinero de la especulación para destinarlo a la producción), pero también, en general, como instrumento de crecimiento económico sin reducir el gasto social.
Sí, hay una catástrofe, la que gestó el neoliberalismo paso a paso, la que resulta de los dogmas impuestos a muchos países pobres desde los países desarrollados. La economía mexicana está desarticulada, estancada, desfigurada. Lo que impera es el empleo informal mientras que se ha desindustrializado al país y el campo vive en la ruina.
La catástrofe viene de antes pero ahora está a la vista de todos, excepto del gobierno. Esto es lo injustificable. No se logrará nada descalificando a los llamados catastrofistas mientras la catástrofe se nos viene encima.
El primer punto es que la recesión ya está admitida por todos. Sin embargo, Calderón sostiene que se trata sólo de un reflejo de la recesión en Estados Unidos, la cual --se piensa-- es producto de una falta de regulación y un mal manejo de los mercados financieros. Esto no parece ser del todo cierto.
Los grandes negocios financieros que precedieron a la crisis fueron provocados por una sobre liquidez incontrolada, es decir, la existencia de valores de capital mucho mayores que los aplicables en la inversión productiva. Las súper ganancias no pudieron ser usadas en las mismas ramas de la economía donde fueron generadas y tampoco en otras, de tal manera que la liquidez fue lanzada hacia la esfera de la especulación con una desesperada colocación improductiva y, por tanto, circular de los capitales-dinero que volvían siempre a los mismos mercados especulativos. Aquí tenemos un problema de la estructura social.
El problema de México no sólo consiste en la disminución del consumo en Estados Unidos, donde se vende casi el 20 por ciento del PIB mexicano, sino en el estancamiento de la economía que lleva ya demasiados años, por lo que éste no es coyuntural. Lo que se requiere ahora es revisar el modelo económico y no sólo tomar medidas de emergencia que en poco podrían aliviar los efectos de la crisis.
Uno de los temas centrales es el papel del gasto público en el crecimiento y en la reindustrialización del país. Esto es lo que niega Calderón. Sin embargo, lo que hoy debe hacer el Estado mexicano es aumentar la inversión pública productiva de acuerdo con un plan de reactivación de la producción y fomento del mercado interno. El factor externo no podrá ser ahora una esperanza. Es el tiempo de volver los ojos hacia adentro.
El planteamiento concreto es invertir cada año, durante 2009 y 2010, por lo menos unos 500 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado, para lo cual se debería recortar gasto corriente, hacer uso de fondos congelados, canalizar los subejercicios y acudir al financiamiento por otros dos puntos porcentuales del PIB. El déficit público se ubicaría en unos cuatro puntos del producto (1.8 ya presupuestado y 2 agregado), lo cual resulta recomendable bajo la crisis (sacar capital-dinero de la especulación para destinarlo a la producción), pero también, en general, como instrumento de crecimiento económico sin reducir el gasto social.
Sí, hay una catástrofe, la que gestó el neoliberalismo paso a paso, la que resulta de los dogmas impuestos a muchos países pobres desde los países desarrollados. La economía mexicana está desarticulada, estancada, desfigurada. Lo que impera es el empleo informal mientras que se ha desindustrializado al país y el campo vive en la ruina.
La catástrofe viene de antes pero ahora está a la vista de todos, excepto del gobierno. Esto es lo injustificable. No se logrará nada descalificando a los llamados catastrofistas mientras la catástrofe se nos viene encima.
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