Legitimidad, voluntad y oficio políticos

El marco ideal para que un jefe de gobierno pueda concretar los cambios que, de acuerdo a su oferta política, requiere el país, consiste en reunir el mayor monto posible de legitimidad, voluntad y oficio políticos. En la medida en que uno o más ingredientes de esa fórmula falten o escaseen, la capacidad de gobernar se verá limitada y, en el extremo, anulada. Ese parece el balance político de los ocho años de gobiernos panistas en México. Vicente Fox llegó con la mayor legitimidad democrática de nuestra historia, generando un elevado monto de energía social y capital político. El PRI enfrentaba gran fragilidad tras haber perdido la presidencia, su columna vertebral. Lo que daba a Fox la oportunidad de concentrar el liderazgo nacional en su gobierno y partido. Pero, pese a tan favorables condiciones, Fox no tuvo la voluntad de profundizar en la democracia. Optó mejor por intentar el avance de las reformas económicas en las que creía. Se puede debatir si en ese momento era más urgente privilegiar la economía sobre la política -creo lo segundo- pero el dato objetivo es que a Fox se le dio el voto mayoritario para continuar con la democratización, apenas iniciada en los años previos. Ese era claramente el mandato ciudadano, y de hecho Fox presentó la elección de 2000 como un plebiscito entre la continuidad autoritaria y el cambio democrático, que él (presuntamente) representaba. Muy pronto olvidó Fox su encomienda -la democracia- y pretendió en cambio consolidar el modelo económico heredado del PRI tecnocrático, por lo que requería el respaldo del propio tricolor en el Congreso. Por ello, lo primero que hizo fue fortalecer al golpeado priísmo extendiéndole una amplia carta de impunidad. Con lo cual relegó -hasta nuevo aviso– la posibilidad de fortalecer la democracia. Pero Fox tampoco tuvo el oficio político para valorar y negociar con el PRI, por lo que éste no le cumplió. Lo que tuvimos al final no fue ni reforma económica ni avance democrático, sino un enorme vacío de poder y una oportunidad histórica –de las que no se dan en maceta– tirada al caño.

Con Felipe Calderón se dijo que las cosas podrían ser distintas, pues se trataba de un político de larga trayectoria, un panista de pura cepa y no un advenedizo como Fox (así fue siempre visto por el panismo tradicional). Con Calderón la oferta electoral sí fue claramente económica; la opción en 2006 se presentó como la buena continuidad económica y el riesgoso viraje populista (aunque la crisis internacional ya le cambió la jugada a Felipe). Lo que implicaba que, de ganar, Calderón, intentaría profundizar la reforma económica que Fox no pudo empujar, relegando nuevamente para mejores tiempos el compromiso histórico del PAN con la democracia (que el blanquiazul ya guardó en el arcón de los recuerdos). Para ello era necesario contar una vez más con el PRI, sin el cual, para empezar, ni siquiera hubiera podido asumir Calderón como titular del Ejecutivo. Por tanto, era menester continuar con la política de impunidad hacia el PRI, muestra clara de lo cual fue la distancia entre el Calderón que exigió la renuncia de Mario Marín y el Calderón que apuntaló al abusivo gobernador de Puebla.

Calderón llegó sin la legitimidad electoral necesaria para gobernar con eficacia, si bien parece tener la voluntad de hacerlo. Ahí está un buen número de iniciativas de reforma de buen calado que ha enviado o respaldado. Cosa distinta es que algunas de ellas hayan sido diluidas en el camino, al grado de quedar irreconocibles. Es el caso de la reforma petrolera, lo que en buena parte se explica por no contar con la legitimidad necesaria para una reforma de tal magnitud; con un país polarizado, y un triunfo electoral cuestionado por la mitad de los ciudadanos, difícilmente podría llevar a buen puerto una reforma tan controvertida. Desde luego, la legitimidad no ganada en las urnas puede ser compensada por un buen desempeño gubernamental. Calderón podría hacerlo, por ejemplo, llamando a cuentas a uno o varios peces gordos de la corrupción (como lo hizo Carlos Salinas de Gortari). Y ante la inconveniencia política de tocar al PRI, ahí está la familia de Martha Sahagún, a la que con gran probabilidad podría demostrársele varios ilícitos. La ganancia política de semejante decisión sería enorme, y su costo prácticamente nulo. A menos, claro, que alguna poderosa razón impida a Calderón abrir el expediente de la familia política de Fox.

Y en cuanto al oficio político de Calderón, aunque se esperaba mucho de él, tampoco lo ha mostrado plenamente hasta ahora (por lo que empezamos a sospechar que esa deficiencia no era rasgo exclusivo del foxismo, sino del PAN en general). Eso se ha visto, sobre todo, en la guerra declarada contra el narcotráfico que, como el propio Felipe y varios de sus lugartenientes han reconocido, se inició precipitadamente sin saber a quiénes se enfrentaba, qué capacidad de respuesta tenían, qué tan infiltrados tenían a los cuerpos de seguridad gubernamentales. Es decir, al no tener un diagnóstico adecuado del problema (se pensó que era pulmonía, y resultó ser cáncer), la estrategia elegida difícilmente podría ser eficaz. Pero la estrategia continuará intacta, nos dice Calderón, lo que equivale, tras haber diagnosticado finalmente un cáncer, a continuar la medicación para la aparente pulmonía. Y viene también el manejo de la crisis económica que, según algunos especialistas, apenas asoma. ¿Se tendrá el oficio necesario para aminorar su impacto? El caso es que por falta de legitimidad, de voluntad o de oficio político (o una lamentable combinación de ello), los gobiernos del PAN están resultando un absoluto fiasco. Y los priístas se aprestan a tomar esa cada vez más difundida convicción como estandarte propagandístico de cara al 2009 y el 2012. El terreno para ese escenario lo abonaron los propios panistas.