Las autoridades federales y del Distrito Federal tienen una cosa en común: creen que somos idiotas. En casi seis días de epidemia de influenza, han ejecutado acciones sobre las rodillas, de manera no integral, sin importar que sean medidas radicales o insuficientes, y con una notable incapacidad para transmitir mensajes a la altura de la emergencia. En el camino, aplastan la Constitución y disputan absurdamente el protagonismo político. Inyectaron pánico a la sociedad, que cuando se entere que no le han estado hablando con toda la verdad, el paso a la indignación será corto.
El detonante fue el jueves 23 de abril a las 16 horas, cuando en la Secretaría de Salud federal recibieron una notificación del gobierno de Canadá sobre cepas de influenza que habían enviado para su análisis, que daban positivo sobre el virus denominado A-H1N1, que era una mutación del virus de la influenza porcina. A las 19 horas de ese mismo día, llegó la confirmación del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades en Atlanta (CDC), donde de las 18 cepas que revisaron, 17 dieron positivo, con el genotipo que habían encontrado en un paciente en California. El gobierno federal entró en su propio pánico.
A las 21 horas de ese jueves, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, anunció la alerta de emergencia contra la influenza y dio a conocer, sin que se hubiera hablado con ninguna autoridad académica fuera de la Secretaría de Educación Pública, que al día siguiente no habría clases en toda la zona metropolitana. Lo que hizo Córdova fue esbozar un estado de excepción, contemplado en el artículo 29 constitucional, pero que no establece provisión para una alerta sanitaria. Además, ignoró al Consejo de Salubridad General, que de acuerdo con la Constitución es la segunda autoridad sanitaria del país después del Presidente.
El viernes 24 el Presidente se convocó al Consejo de Salubridad General. Ahí las autoridades de salud mostraron el mapa de la epidemia y explicaron que no había sido posible determinarla con la información que disponían. La reunión fue ríspida, y a varios incomodó que el subsecretario de Salud Mauricio Hernández les dijera que el virus era tan nuevo como "el sarampión" que trajo a México Hernán Cortés durante la Conquista (en realidad, lo que trajo fue la viruela). Adelantó que expertos de la Organización Mundial de Salud (OMS) estaban por llegar a México para hacer el modelo matemático del virus, y Córdova dijo que no eran dos entidades con casos sospechosos, sino cinco. Hubo consenso de que en el curso del fin de semana se anunciaría el regreso a clases para el jueves 30 de abril.
El sábado 25, varios participantes en la reunión escucharon a Córdova declarar a la prensa que "ni la mitad" de las entidades del país tenían casos sospechosos del virus, lo que ya contrastaba con la cifra de cinco de la noche anterior. Sorpresa mayor fue cuando el secretario de Educación, Alonso Lujambio, anunció que el regreso a clases sería hasta el jueves 6 de mayo. Con la molestia incubada, el lunes se celebró la siguiente reunión del Consejo de Salubridad, donde Córdova admitió que habían casos sospechosos en las 32 entidades del país.
En esa reunión cuestionaron al responsable del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Miguel Ángel Lezana, quien no pudo entregar el perfil de los contagiados –edad, sexo, origen-. Tampoco pudo decir en dónde había sido origen del contagio, para que se pudiera estudiar a fondo el virus. Menos aún pudo dar la cifra exacta de contagios, lo que motivó la molestia de los especialistas por la falta de precisión en el dato epidemiológico.
Al desastre declarativo se sumó Javier Lozano, secretario de Trabajo, incapaz de dar una cifra precisa sobre ausentismo laboral –dijo que era entre 1 y 3%, ¿o sea 2%- y de la canciller Patricia Espinosa, que con el alud de opinión pública mundial negativa sobre México, guardó silencio sobre la liberación de la OMS para que cada país decida si prohíbe viajar a México, y no dijo nada que Estados Unidos ya emitió una alerta para no viajar a México.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, hizo lo suyo. Se puso a competir con el gobierno federal por los espacios de opinión pública, con ruedas de prensa continuas donde no dijo prácticamente nada, y tomando acciones unilaterales y desorganizadas que sólo generaron inconformidad, como el cierre de los 35 mil restaurantes en la capital federal, ante la falta de una medida similar en el estado de México. Ebrard parece estar tapando culpas por el descontento en el sector salud capitalino contra su secretario, Armando Ahued, quien ocultó por seis días que tenían un casi de infección mortal de influenza con la orden de guardar silencio.
Ebrard puso a Ahued a dar entrevistas, donde da datos del avance de la enfermedad que antes había ocultado. Pero en las reuniones del Consejo de Salubridad General, es mudo. Lo único que ha hecho es congraciarse con la Secretaría de Salud federal, en la dicotomía sobre en dónde y cómo reconocen al gobierno federal. En público, Ebrard ignora que existe un Presidente constitucional; en privado pide ayuda. Su disputa es política, lucrando de un problema de salud pública.
En la suma, los dos gobiernos han jugado con la comunicación política y la inteligencia emocional de los mexicanos, aprovechando que el miedo afecta todavía más la inteligencia racional. Pero la influenza porcina es más grande que ellos y llegará el momento en que tengan que rendir cuentas a la población a la que han estado manipulando y engañando. Para esto, quizás, no falte mucho.
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miércoles, 29 de abril de 2009
miércoles, 22 de abril de 2009
Traiciones Mortales
¿Quién informó al cártel de los hermanos Beltrán Leyva a dónde, cuándo, cómo y quiénes trasladarían a Jerónimo Gámez García, su operador financiero, a una cárcel en Tepic? Esa infidencia provocó un espectacular intento de rescate con más de 30 sicarios atacando a fuerzas federales y militares, que aunque al final resultó fallido, dejó en el camino a seis agentes federales y dos funcionarios penitenciarios muertos, toque de queda en la capital nayarita y una sensación de miedo generalizada que afectó la vida cotidiana en la comunidad. Mientras tanto, quien informó a los Beltrán Leyva los detalles del traslado de Gámez García, debe estar durmiendo sin problema, luego de haber desquitado la paga del crimen organizado.
Pero ¿quién fue? La pregunta ha sido elevada desde distintos medios en los últimos días. ¿Quién informó del operativo? Nadie, fuera de las áreas de seguridad del gobierno federal tenía acceso a esa información. Tuvo que haber sido transmitida con tiempo suficiente para que se preparara la operación de rescate con varias decenas de sicarios, porque una acción de esa naturaleza no puede ser improvisada. ¿Quién fue? Altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se deslindaron desde el domingo, al señalar que la operación y la logística recayó en la PGR. En pocas palabras, lo que dijeron es que si hubo una filtración a los Beltrán Leyva, la fuente más probable se encuentra dentro de la PGR. La dependencia no ha respondido nada ante esa imputación, que lo único que vuelve a dejar claro es la interminable pugna entre las dos áreas civiles que combaten al narcotráfico.
¿Dónde están los traidores? La pregunta ha perseguido al gobierno de Felipe Calderón, que ya tuvo que sufrir la infiltración de todos los cárteles en la Subsecretaría para las Investigaciones contra la Delincuencia Organizada, la famosa Siedo, que era la que tenía que combatirlos, y obligar a una purga de varios meses. El problema de las filtraciones no es nuevo, y Calderón lo hereda del gobierno de Vicente Fox, en donde parecen haberse anidado varias de las redes de complicidades que han dejado trunca la lucha contra el narcotráfico, y donde las sospechas y desconfianzas entre todas las áreas a las que les encargaron combatir al narco, hacen que muchas veces operen individualmente sin el conocimiento de las demás dependencias por el temor de las traiciones.
Las traiciones no siempre salen de la PGR. Traidores hay en todas las dependencias. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha encontrado mandos superiores al servicio de los cárteles, y dentro de las propias Fuerzas Armadas han descubierto oficiales de alto rango en la nómina de los narcotraficantes. Hay también casos donde, a decir por las secuelas, han servido inopinadamente a los cárteles, como el del ex procurador general, Rafael Macedo de la Concha, quien detuvo una operación de agentes federales que le pidieron autorización para arrestar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien tenían perfectamente localizado, y que se las negó. Lesdijo que lo dejaran al Ejército, pero cuando la tropa llegó al rancho tres días después, ya se había ido.
En tres ocasiones más, de acuerdo con lo informado al gabinete de seguridad del ex presidente Fox, estuvieron a punto de capturar a Guzmán. En tres ocasiones, las intervenciones de funcionarios federales, impidieron la captura. Algo similar sucedió cuando el entonces director de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, estaba investigando al coordinador de Giras Presidenciales de Fox, Nahúm Acosta Lugo, cuyo número de teléfono celular estaba registrado en un teléfono encontrado en un decomiso a propiedades de Arturo Beltrán Leyva. La investigación llevaba su curso cuando un funcionario federal le contó al periodista Francisco Garfias sobre el caso. La publicación causó al final una especie de sabotaje de la investigación, que Santiago Vasconcelos lamentó hasta su muerte. La PGR tuvo que detener prematuramente a Acosta, pero con las pruebas insuficientes que hasta el momento tenían, nunca pudieron mantenerlo en la cárcel.
En este sexenio, Beltrán Leyva estuvo a punto de ser detenido en la casa donde vivía en el Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad de México. Una unidad de élite fue por él, pero cuando llegaron a la residencia, 20 minutos después de haber partido, ya no estaba. Alguien le informó que iban tras él. Sobre la mesa encontraron todavía los alimentos calientes. Ha habido otros casos donde han llegado comandos de fuerzas federales a un operativo donde resulta que los estaban esperando, como consecuencia de alguna infidencia. Dentro del Ejército no confían ni en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en la PGR, porque han tenido experiencias donde cuando llegan a detener a un capo, o ya se fugó, o son emboscados. El caso de traición más notorio, por lo público, se dio el año pasado cuando "pusieron" al coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Édgar Millán, quien fue asesinado dentro de una casa a la cual llegó a descansar unas horas por mero accidente, y a donde tenía tiempo de no frecuentar.
El intento de rescate en Tepic –que por lo demás, es un modus operandi de los Beltrán Leyva-, es el recordatorio trágico de una deuda pendiente: los traidores dentro del gobierno federal. Son funcionarios en puestos de mando operativo o de inteligencia que tienen acceso a información sobre operativos que van a ser puestos en marcha, con el tiempo suficiente –horas o minutos, incluso-, para que puedan alertar a sus patrones en el narcotráfico y cambiar el destino de la guerra contra el narcotráfico. Si no se acaba con ellos, la derrota de los cárteles será meramente una ilusión. Si no se erradica la impunidad y se lucha contra la corrupción interna, esa guerra también será inútil.
Pero ¿quién fue? La pregunta ha sido elevada desde distintos medios en los últimos días. ¿Quién informó del operativo? Nadie, fuera de las áreas de seguridad del gobierno federal tenía acceso a esa información. Tuvo que haber sido transmitida con tiempo suficiente para que se preparara la operación de rescate con varias decenas de sicarios, porque una acción de esa naturaleza no puede ser improvisada. ¿Quién fue? Altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se deslindaron desde el domingo, al señalar que la operación y la logística recayó en la PGR. En pocas palabras, lo que dijeron es que si hubo una filtración a los Beltrán Leyva, la fuente más probable se encuentra dentro de la PGR. La dependencia no ha respondido nada ante esa imputación, que lo único que vuelve a dejar claro es la interminable pugna entre las dos áreas civiles que combaten al narcotráfico.
¿Dónde están los traidores? La pregunta ha perseguido al gobierno de Felipe Calderón, que ya tuvo que sufrir la infiltración de todos los cárteles en la Subsecretaría para las Investigaciones contra la Delincuencia Organizada, la famosa Siedo, que era la que tenía que combatirlos, y obligar a una purga de varios meses. El problema de las filtraciones no es nuevo, y Calderón lo hereda del gobierno de Vicente Fox, en donde parecen haberse anidado varias de las redes de complicidades que han dejado trunca la lucha contra el narcotráfico, y donde las sospechas y desconfianzas entre todas las áreas a las que les encargaron combatir al narco, hacen que muchas veces operen individualmente sin el conocimiento de las demás dependencias por el temor de las traiciones.
Las traiciones no siempre salen de la PGR. Traidores hay en todas las dependencias. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha encontrado mandos superiores al servicio de los cárteles, y dentro de las propias Fuerzas Armadas han descubierto oficiales de alto rango en la nómina de los narcotraficantes. Hay también casos donde, a decir por las secuelas, han servido inopinadamente a los cárteles, como el del ex procurador general, Rafael Macedo de la Concha, quien detuvo una operación de agentes federales que le pidieron autorización para arrestar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien tenían perfectamente localizado, y que se las negó. Lesdijo que lo dejaran al Ejército, pero cuando la tropa llegó al rancho tres días después, ya se había ido.
En tres ocasiones más, de acuerdo con lo informado al gabinete de seguridad del ex presidente Fox, estuvieron a punto de capturar a Guzmán. En tres ocasiones, las intervenciones de funcionarios federales, impidieron la captura. Algo similar sucedió cuando el entonces director de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, estaba investigando al coordinador de Giras Presidenciales de Fox, Nahúm Acosta Lugo, cuyo número de teléfono celular estaba registrado en un teléfono encontrado en un decomiso a propiedades de Arturo Beltrán Leyva. La investigación llevaba su curso cuando un funcionario federal le contó al periodista Francisco Garfias sobre el caso. La publicación causó al final una especie de sabotaje de la investigación, que Santiago Vasconcelos lamentó hasta su muerte. La PGR tuvo que detener prematuramente a Acosta, pero con las pruebas insuficientes que hasta el momento tenían, nunca pudieron mantenerlo en la cárcel.
En este sexenio, Beltrán Leyva estuvo a punto de ser detenido en la casa donde vivía en el Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad de México. Una unidad de élite fue por él, pero cuando llegaron a la residencia, 20 minutos después de haber partido, ya no estaba. Alguien le informó que iban tras él. Sobre la mesa encontraron todavía los alimentos calientes. Ha habido otros casos donde han llegado comandos de fuerzas federales a un operativo donde resulta que los estaban esperando, como consecuencia de alguna infidencia. Dentro del Ejército no confían ni en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en la PGR, porque han tenido experiencias donde cuando llegan a detener a un capo, o ya se fugó, o son emboscados. El caso de traición más notorio, por lo público, se dio el año pasado cuando "pusieron" al coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Édgar Millán, quien fue asesinado dentro de una casa a la cual llegó a descansar unas horas por mero accidente, y a donde tenía tiempo de no frecuentar.
El intento de rescate en Tepic –que por lo demás, es un modus operandi de los Beltrán Leyva-, es el recordatorio trágico de una deuda pendiente: los traidores dentro del gobierno federal. Son funcionarios en puestos de mando operativo o de inteligencia que tienen acceso a información sobre operativos que van a ser puestos en marcha, con el tiempo suficiente –horas o minutos, incluso-, para que puedan alertar a sus patrones en el narcotráfico y cambiar el destino de la guerra contra el narcotráfico. Si no se acaba con ellos, la derrota de los cárteles será meramente una ilusión. Si no se erradica la impunidad y se lucha contra la corrupción interna, esa guerra también será inútil.
viernes, 6 de marzo de 2009
El procurador de dos caras
Nadie puede dudar de la autoridad moral del procurador general Eduardo Medina Mora para hablar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha contra el narcotráfico y el compromiso con "una sociedad democrática viable". Carece de ella.
Por eso, elprocurador se enredó esta semana cuando hizo sus recomendaciones a la prensa para la cobertura sobre el narcotráfico. Mintió al afirmar que no pretendía coartar la libertad de expresión. Mintió al decir que reconoce el trabajo de investigación de los periodistas. Mintió cuando asegura entender la problemática por la que atraviesan los medios.
Dos primeros botones de muestra:
1.- El espionaje telefónico a un periodista alertó a la PGR de que un diario se disponía a publicar el expediente sobre la corrupción en la SIEDO, la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada, lo que le permitió a Medina Mora hablar con los propietarios para que se demorara un mes su difusión, pues de hacerse en ese momento, alegó, se corría el riesgo de que la investigación fracasara. En el fondo, Medina Mora salvó su trabajo. De haberse publicado el trabajo en ese momento, el presidente Felipe Calderón se habría enterado por la prensa y no por su procurador, del grado de penetración en la PGR.
Y 2.- Notoriamente nervioso en esos días por desconocer saber la procedencia del documento, Medina Mora presionó al director general del medio para que le mostrara el documento. Cuando el director general se resistió, lo amenazó con llamarlo a declarar ante el Ministerio Público para divulgara ante él la fuente del expediente. Pese a no tener posibilidades de concretar esa amenaza por los precedentes que permiten a la prensa proteger sus fuentes, lo siguió amagando. Finalmente logró su objetivo y tuvo amplio acceso al documento antes de ser publicado.
Estas acciones contradicen el respeto que dice tener Medina Mora por la investigación periodística y la libertad de expresión, como otros dos botones demuestra desmienten también su aseveración reciente de que "no se trata… de unificar las voces de los periodistas y medios de comunicación, ni menos aún de disminuir el libre ejercicio de su vocación o de suprimir la crítica", y de que "n estado democrático requiere de medios fuertes… independientes, con capacidad de análisis de la realidad y de crítica":
1.- Cuando un periodista publicó que agentes federales participaron en el secuestro del joven Fernando Martí, que no se había dicho aún, presionó al director del medio para que le dijeran la fuente. Como el reportero no quiso hacerlo, lo despidieron, con lo cual Medina Mora quedó satisfecho.
Y 2.- Cuando una periodista obtuvo el número del expediente de la investigación de la PGR en el secuestro de la joven Silvia Vargas, Medina Mora difamó a la periodista y se metió en su vida privada, con el propósito de que fuera despedida. No lo logró.
El discurso moral de Medina Mora esconde, paradójicamente, una inmoralidad. Se puede documentar un patrón de manipulación de medios desde la PGR para minimizar las críticas sobre Medina Mora por los niveles de corrupción en la dependencia, y trasladar la cobertura negativa al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Otros dos botones de muestra:
1.- Gerardo Garay era el comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, y y por sus manos pasaron los 250 millones de dólares de Zhenli Ye Gon, y muchos millones más en otras operaciones que encabezó. Él arrestó a Luis "El Rey" Zambada y su protector, el comandante Édgar Bayardo, quieneslo acusaron de robarse 500 mil dólares, por lo que la PGR lo encarceló. Atrás de ese arresto hay una operación de encubrimiento. Por exigencia del presidente Calderón, Medina Mora tuvo que retirar la protección al ex jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y detenerlo por presuntos nexos relación con el narcotráfico.
Para tender cortinas de humo que lo dejaran impoluto, los operadores de Medina Mora , maximizaron la detención de Garay, y le sumaron otro delito de abuso de detenidos. Además, dijeron que se había detenido al ex delegado de Seguridad Pública en Colombia, Javier Garza Palacios; que estaba declarando por el caso de Garay el ex secretario de García Luna, Mario Velarde, y que habían llamado a declarar al subsecretario de la dependencia, Facundo Rosas. Los tres eran cercanos al secretario, y las tres informaciones eran falsas. Pero el revuelo que generó la PGR en la prensa con las mentiras, hizo que la detención de Ramírez Mandujano y la protección que le había brindado Medina Mora, pasara casi desapercibida.
Y 2.- Haber evitado que se publicara en su momento el expediente de la corrupción en la SIEDO, le permitió inventar lo que se llamó la "Operación Limpieza". Medina Mora no tenía nada construido cuando el reportero obtuvo el documento. Al contrario: lo salpicaba. La investigación salió de Seguridad Pública y se fue a la DEA. El caso ya se hallaba en los tribunales, sin que el procurador hubiera informado al Presidente que todos los mandos que luchaban contra el narco en la PGR, presuntamente estaban en su nómina. El alto grado de improvisación de esa acción lo muestra un detalle: a menos de 48 horas de darse a conocer públicamente, la PGR bautizó el caso como "Operación Limpieza", por sugerencia de un periodista.
Medina Mora dijo esta semana que "la acción mediática del crimen organizado aumenta la fuerza de un enemigo que también es enemigo de los profesionales de los medios". Lo que no dijo es que él es más peligroso para los medios y la salud pública, por sus manipulaciones y tergiversaciones, que los propios cárteles. Con la delincuencia organizada, sabemos dónde está y qué persigue. Con Medina Mora, sabemos qué persigue, el control de los medios, pero no qué persigue, ni cuáles son sus razones, objetivos y temores. Esa doble cara, como todas las dobles caras, son más peligrosas.
Por eso, elprocurador se enredó esta semana cuando hizo sus recomendaciones a la prensa para la cobertura sobre el narcotráfico. Mintió al afirmar que no pretendía coartar la libertad de expresión. Mintió al decir que reconoce el trabajo de investigación de los periodistas. Mintió cuando asegura entender la problemática por la que atraviesan los medios.
Dos primeros botones de muestra:
1.- El espionaje telefónico a un periodista alertó a la PGR de que un diario se disponía a publicar el expediente sobre la corrupción en la SIEDO, la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada, lo que le permitió a Medina Mora hablar con los propietarios para que se demorara un mes su difusión, pues de hacerse en ese momento, alegó, se corría el riesgo de que la investigación fracasara. En el fondo, Medina Mora salvó su trabajo. De haberse publicado el trabajo en ese momento, el presidente Felipe Calderón se habría enterado por la prensa y no por su procurador, del grado de penetración en la PGR.
Y 2.- Notoriamente nervioso en esos días por desconocer saber la procedencia del documento, Medina Mora presionó al director general del medio para que le mostrara el documento. Cuando el director general se resistió, lo amenazó con llamarlo a declarar ante el Ministerio Público para divulgara ante él la fuente del expediente. Pese a no tener posibilidades de concretar esa amenaza por los precedentes que permiten a la prensa proteger sus fuentes, lo siguió amagando. Finalmente logró su objetivo y tuvo amplio acceso al documento antes de ser publicado.
Estas acciones contradicen el respeto que dice tener Medina Mora por la investigación periodística y la libertad de expresión, como otros dos botones demuestra desmienten también su aseveración reciente de que "no se trata… de unificar las voces de los periodistas y medios de comunicación, ni menos aún de disminuir el libre ejercicio de su vocación o de suprimir la crítica", y de que "n estado democrático requiere de medios fuertes… independientes, con capacidad de análisis de la realidad y de crítica":
1.- Cuando un periodista publicó que agentes federales participaron en el secuestro del joven Fernando Martí, que no se había dicho aún, presionó al director del medio para que le dijeran la fuente. Como el reportero no quiso hacerlo, lo despidieron, con lo cual Medina Mora quedó satisfecho.
Y 2.- Cuando una periodista obtuvo el número del expediente de la investigación de la PGR en el secuestro de la joven Silvia Vargas, Medina Mora difamó a la periodista y se metió en su vida privada, con el propósito de que fuera despedida. No lo logró.
El discurso moral de Medina Mora esconde, paradójicamente, una inmoralidad. Se puede documentar un patrón de manipulación de medios desde la PGR para minimizar las críticas sobre Medina Mora por los niveles de corrupción en la dependencia, y trasladar la cobertura negativa al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Otros dos botones de muestra:
1.- Gerardo Garay era el comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, y y por sus manos pasaron los 250 millones de dólares de Zhenli Ye Gon, y muchos millones más en otras operaciones que encabezó. Él arrestó a Luis "El Rey" Zambada y su protector, el comandante Édgar Bayardo, quieneslo acusaron de robarse 500 mil dólares, por lo que la PGR lo encarceló. Atrás de ese arresto hay una operación de encubrimiento. Por exigencia del presidente Calderón, Medina Mora tuvo que retirar la protección al ex jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y detenerlo por presuntos nexos relación con el narcotráfico.
Para tender cortinas de humo que lo dejaran impoluto, los operadores de Medina Mora , maximizaron la detención de Garay, y le sumaron otro delito de abuso de detenidos. Además, dijeron que se había detenido al ex delegado de Seguridad Pública en Colombia, Javier Garza Palacios; que estaba declarando por el caso de Garay el ex secretario de García Luna, Mario Velarde, y que habían llamado a declarar al subsecretario de la dependencia, Facundo Rosas. Los tres eran cercanos al secretario, y las tres informaciones eran falsas. Pero el revuelo que generó la PGR en la prensa con las mentiras, hizo que la detención de Ramírez Mandujano y la protección que le había brindado Medina Mora, pasara casi desapercibida.
Y 2.- Haber evitado que se publicara en su momento el expediente de la corrupción en la SIEDO, le permitió inventar lo que se llamó la "Operación Limpieza". Medina Mora no tenía nada construido cuando el reportero obtuvo el documento. Al contrario: lo salpicaba. La investigación salió de Seguridad Pública y se fue a la DEA. El caso ya se hallaba en los tribunales, sin que el procurador hubiera informado al Presidente que todos los mandos que luchaban contra el narco en la PGR, presuntamente estaban en su nómina. El alto grado de improvisación de esa acción lo muestra un detalle: a menos de 48 horas de darse a conocer públicamente, la PGR bautizó el caso como "Operación Limpieza", por sugerencia de un periodista.
Medina Mora dijo esta semana que "la acción mediática del crimen organizado aumenta la fuerza de un enemigo que también es enemigo de los profesionales de los medios". Lo que no dijo es que él es más peligroso para los medios y la salud pública, por sus manipulaciones y tergiversaciones, que los propios cárteles. Con la delincuencia organizada, sabemos dónde está y qué persigue. Con Medina Mora, sabemos qué persigue, el control de los medios, pero no qué persigue, ni cuáles son sus razones, objetivos y temores. Esa doble cara, como todas las dobles caras, son más peligrosas.
miércoles, 18 de febrero de 2009
Narcopoliticos
Tiene razón política el presidente Felipe Calderón cuando asegura que el narcotráfico penetró a la sociedad y a las autoridades. Tiene razón histórica cuando cuestiona inquisidor porqué se llegó a esa barbarie que significa la corrupción de las autoridades. Pero no tiene razón legítima porque sigue avalando –su omisión jurídica apoya el alegato- que funcionarios federales, autoridades estatales y municipales de quienes tiene investigaciones el gobierno federal de su presunta relación con el crimen organizado, sigan gobernando y tomando decisiones que afectan a la comunidad. Decenas de ellos se mantienen sin ser, siquiera, presionados.
Esta falta acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben. ¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, henli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
Esta falta acción de gobierno descalifica los discursos gubernamentales. El del presidente, el del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde asegura que los narcotraficantes son unos "cobardes" que se siguen matando entre ellos por el éxito de la lucha contra la delincuencia organizada, de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien sostiene que la violencia se concentra en Baja California y Chihuahua, que son quienes han salido a la palestra en los últimos días, el del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo que, como el procurador general Eduardo Medina Mora, atribuye la tensión y preocupación social por la violencia, a los medios. Tienen parte de razón, pero no están diciendo todo lo que saben. O peor aún, no están actuando con todo lo que saben. ¿Acaso no es extraño que haya tanta violencia en zonas específicas del país? ¿O que decenas de personas salgan a las calles a bloquear el tráfico como en Monterrey para protestar por la presencia del Ejército?, ¿o que en todo el territorio del Cártel del Golfo haya mantas únicamente contra el secretario de Seguridad Pública Federal?, ¿o que en entidades como Tamaulipas y Zacatecas estén exigiendo los narcos a la prensa que difundan sus letreros contra la presencia de la autoridad federal? ¿En dónde se conecta todo? Extraña la demostración de impunidad. No son los narcos en abstracto ni la corrupción de los altos mandos policiacos lo que delimita el tope de hasta dónde han llegado las redes de la delincuencia organizada; son las estructuras políticas las que dan el cobijo necesario a los criminales para que puedan operar.
El gobierno de Felipe Calderón reitera que el problema es una herencia del PRI, pero fue en el gobierno panista de Vicente Fox donde la descomposición sociopolítica se agudizó. Durante ese sexenio, un sector de las Fuerzas Armadas protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán cuando andaba a salto de mata tras escaparse de una cárcel de máxima seguridad en Guadalajara, mientras que un ex procurador general fue identificado en un reporte de inteligencia del FBI como protector del Cártel del Golfo y en otro momento evitó que se capturara a Guzmán. En el gobierno foxista se estaba investigando la profundidad de la penetración del Cártel de Sinaloa en la agenda del Presidente, pero una filtración de Los Pinos a un periodista causó el fracaso de esa operación. En este sexenio, el hijo de un ex alto funcionario federal promovido ahora desde la PGR para una diputación, está bajo sospecha de relación con el empresario mexicano de origen chino, henli Ye Gon. Un gobernador norteño sufre una de las peores embestidas del narcotráfico gracias a una herencia de su antecesor que comprometió la plaza a diferentes cárteles. Otro más está sintiéndose ahogado porque, igualmente, ofertó la plaza a cárteles rivales. Más de 100 presidentes municipales trabajan con el narcotráfico, y hay entidades donde pese a existir toda la documentación de su presunta relación, siguen viviendo en paz.
El crimen organizado ha penetrado ante el colapso de la autoridad, y la sociedad que hace dos décadas había rechazado a los narcotraficantes, ya claudicaron y se preguntan de qué lado estarán más seguros. Es cierto lo que dice el presidente Calderón al sentirse sorprendido de la tolerancia y laxitud con la que la sociedad ha permitido que el narcotráfico la penetre, pero vuelve a omitir que han sido los gobernantes, en sus diversos niveles, quienes han pavimentado ese camino. ¿Qué autoridad federal levantó la voz cuando emergieron fortunas inexplicables en algunos estados? ¿Cuál elevó el costo de la corrupción y la tolerancia de los políticos? La detención del gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por relación con el narcotráfico, cuya investigación inició el gobierno de Ernesto Zedillo, es una excepción, no la regla.
Está bien que se insista en los señalamientos sobre los logros del combate al narcotráfico, que se matice sobre las zonas donde se concentra la violencia y que se coloque en su justa dimensión. Pero todo ello debería de acompañarse de la voluntad política del gobierno federal –con el presidente Calderón a la cabeza-, para empezar a limpiar la casa desde lo más alto, los gobernantes que cubren y protegen a los narcotraficantes. Ahí está el núcleo del cáncer, no en los delincuentes ni en los policías, ni mucho menos en la sociedad. Que no distraigan el foco de la lucha contra el narcotráfico en su siguiente fase. En la estructura política del país está la cabeza de la hiedra. No de este sexenio, ni del anterior. Se arrastra lustros atrás, demasiados años de tolerancia a los políticos, que son quienes nos llevaron a la catástrofe actual.
lunes, 16 de febrero de 2009
De rodillas ante la televisión
El comportamiento del presidente Felipe Calderón con las televisoras es zigzagueante, de odio y conveniencia, de agresión y tregua, incierto, indefinido, bien cae en el modelo esquizofrénico.
Antes de tomar posesión dio un fuerte manotazo sobre la mesa y rompió drásticamente la relación que incubó el poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez en Los Pinos, cuando la jefa fáctica era Marta Sahagún. Gómez, muy cercano al principal accionista de la empresa, Emilio Azcárraga, había establecido un fuerte nexo con el rival de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y llegó a pensar que era su apuesta para la Presidencia. Por eso, cuando trató de restablecer la relación que había forjado con la señora Sahagún, le dieron con la puerta en las narices. Desde ese momento en adelante, planteó Calderón, la relación sería directa con Azcárraga, no más con Gómez.
El coraje le duró poco; su equipo sabe perfectamente que sin la televisión son nada. El año pasado, cuando un importante propietario de medio impreso le presentó un detallado estudio de frecuencias de televisión, Calderón utilizó un lenguaje sibilino para señalar que contra sus intenciones de arranque de sexenio, no habría una tercera cadena de televisión, algo que tanto Televisa como Televisión Azteca se oponían. "Las televisoras me han ayudado mucho", le dijo Calderón al empresario, de acuerdo con los detalles de esa plática en Los Pinos, "y yo soy muy agradecido". La tercera cadena se fue al archivo.
Las dos grandes televisoras les molestan en Los Pinos, y les enfurece que de manera regular la primera media hora de su noticiero estelar nocturno se lo dediquen a la violencia, porque piensan que de esa forma hacen una apología de los criminales. Pero no pueden gobernar sin ellas. Todas las estrategias de comunicación e imagen que se desarrollan en Los Pinos están pensadas en la televisión y, en menor importancia, la radio. Las adulan y las odian. En este último estado de ánimo se encontraban cuando las televisoras transmitieron en bloque los spots de propaganda política que les envió el IFE al arranque de la temporada electoral. A través de diferentes funcionarios, el gobierno de Calderón presionó fuertemente al IFE para que aplicaran las sanciones a las televisoras. El IFE, por cuenta propia, elaboró un dictamen para multarlas por un total de 11 millones de pesos, y el fin de semana anterior se daba por descontado que se sancionaría a las
televisoras.
De hecho, los cálculos sugerían que 7 de los 9 de los consejeros electorales aprobarían las sanciones. Pero todo fue cambiando en el transcurso de los días. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a varios consejeros para persuadirlos que no multaran a las televisoras. Era la ley, admitió ante ellos, pero habría que darle la vuelta a la ley. Varios consejeros se mostraron consternados y azorados por la postura extralegal de quien debería de ser uno de los cruzados contra la ilegalidad. La petición de la Presidencia, transmitida cínicamente, había sido que el IFE diera marcha atrás en las sanciones y encontrara una fórmula para no pelear con las televisoras. Gómez Mont y el intenso cabildeo de las cadenas –en su legítimo derecho-, fueron el preámbulo para una votación de vergüenza al acabar la semana.
Una propuesta del consejero Marco Antonio Baños para sobreseer las sanciones, fue avalada por los consejeros Marco Gómez, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero, bajo el argumento de que como ya habían llegado a un acuerdo el IFE y la Comisión Nacional de la Industria de Radio y Televisión para transmitir los spots sin alterar su programación, quedaba superado el tema de las sanciones. Un acuerdo similar habían logrado ambas partes antes de que se suscitara el conflicto, precedente que no fue considerado relevante en el estudio del caso. No debe extrañar. Los consejeros responden a intereses muy vinculados con el gobierno o con el PRI y su partido satélite, el Verde, que deben haber evaluado que un pleito con las televisoras no era el mejor camino para una elección crítica como la intermedia de julio próximo. El guiño de regreso vino el viernes por la noche en el noticiario estelar de Televisa, donde en el formato de una noticia
sobre el líder del PAN, Germán Martínez, se dejó en pantalla durante varios segundos su fotografía con el logotipo grande del partido atrás, que bajo cualquier consideración periodística o política, de que esa imagen, que no aportaba información alguna al televidente, fue un spot.
Este último episodio que involucró a las televisoras volvió a demostrar la fragilidad del gobierno de Calderón y la enorme necesidad que tienen de las televisoras. La conducta esquizofrénica entre querer ubicarlas en su lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo desistirse de todas esas intenciones porque es su oxígeno, coloca a la Presidencia en una posición tan ambivalente y a merced total de los intereses de la televisión. Es también la última prueba que en México no hay Estado, pero hay poder. En este caso, no lo tiene el gobierno; lo tienen las televisoras.
Antes de tomar posesión dio un fuerte manotazo sobre la mesa y rompió drásticamente la relación que incubó el poderoso vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez en Los Pinos, cuando la jefa fáctica era Marta Sahagún. Gómez, muy cercano al principal accionista de la empresa, Emilio Azcárraga, había establecido un fuerte nexo con el rival de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, y llegó a pensar que era su apuesta para la Presidencia. Por eso, cuando trató de restablecer la relación que había forjado con la señora Sahagún, le dieron con la puerta en las narices. Desde ese momento en adelante, planteó Calderón, la relación sería directa con Azcárraga, no más con Gómez.
El coraje le duró poco; su equipo sabe perfectamente que sin la televisión son nada. El año pasado, cuando un importante propietario de medio impreso le presentó un detallado estudio de frecuencias de televisión, Calderón utilizó un lenguaje sibilino para señalar que contra sus intenciones de arranque de sexenio, no habría una tercera cadena de televisión, algo que tanto Televisa como Televisión Azteca se oponían. "Las televisoras me han ayudado mucho", le dijo Calderón al empresario, de acuerdo con los detalles de esa plática en Los Pinos, "y yo soy muy agradecido". La tercera cadena se fue al archivo.
Las dos grandes televisoras les molestan en Los Pinos, y les enfurece que de manera regular la primera media hora de su noticiero estelar nocturno se lo dediquen a la violencia, porque piensan que de esa forma hacen una apología de los criminales. Pero no pueden gobernar sin ellas. Todas las estrategias de comunicación e imagen que se desarrollan en Los Pinos están pensadas en la televisión y, en menor importancia, la radio. Las adulan y las odian. En este último estado de ánimo se encontraban cuando las televisoras transmitieron en bloque los spots de propaganda política que les envió el IFE al arranque de la temporada electoral. A través de diferentes funcionarios, el gobierno de Calderón presionó fuertemente al IFE para que aplicaran las sanciones a las televisoras. El IFE, por cuenta propia, elaboró un dictamen para multarlas por un total de 11 millones de pesos, y el fin de semana anterior se daba por descontado que se sancionaría a las
televisoras.
De hecho, los cálculos sugerían que 7 de los 9 de los consejeros electorales aprobarían las sanciones. Pero todo fue cambiando en el transcurso de los días. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a varios consejeros para persuadirlos que no multaran a las televisoras. Era la ley, admitió ante ellos, pero habría que darle la vuelta a la ley. Varios consejeros se mostraron consternados y azorados por la postura extralegal de quien debería de ser uno de los cruzados contra la ilegalidad. La petición de la Presidencia, transmitida cínicamente, había sido que el IFE diera marcha atrás en las sanciones y encontrara una fórmula para no pelear con las televisoras. Gómez Mont y el intenso cabildeo de las cadenas –en su legítimo derecho-, fueron el preámbulo para una votación de vergüenza al acabar la semana.
Una propuesta del consejero Marco Antonio Baños para sobreseer las sanciones, fue avalada por los consejeros Marco Gómez, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero, bajo el argumento de que como ya habían llegado a un acuerdo el IFE y la Comisión Nacional de la Industria de Radio y Televisión para transmitir los spots sin alterar su programación, quedaba superado el tema de las sanciones. Un acuerdo similar habían logrado ambas partes antes de que se suscitara el conflicto, precedente que no fue considerado relevante en el estudio del caso. No debe extrañar. Los consejeros responden a intereses muy vinculados con el gobierno o con el PRI y su partido satélite, el Verde, que deben haber evaluado que un pleito con las televisoras no era el mejor camino para una elección crítica como la intermedia de julio próximo. El guiño de regreso vino el viernes por la noche en el noticiario estelar de Televisa, donde en el formato de una noticia
sobre el líder del PAN, Germán Martínez, se dejó en pantalla durante varios segundos su fotografía con el logotipo grande del partido atrás, que bajo cualquier consideración periodística o política, de que esa imagen, que no aportaba información alguna al televidente, fue un spot.
Este último episodio que involucró a las televisoras volvió a demostrar la fragilidad del gobierno de Calderón y la enorme necesidad que tienen de las televisoras. La conducta esquizofrénica entre querer ubicarlas en su lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo desistirse de todas esas intenciones porque es su oxígeno, coloca a la Presidencia en una posición tan ambivalente y a merced total de los intereses de la televisión. Es también la última prueba que en México no hay Estado, pero hay poder. En este caso, no lo tiene el gobierno; lo tienen las televisoras.
viernes, 30 de enero de 2009
MALDITOS AGUA FIESTAS
¿Cómo es posible que unos inoportunos asaltantes le hayan disparado en la cabeza a un profesor francés en pleno día en las calles de la ciudad de México y lo tengan en coma? ¿Qué no pensaron que esa noticia le daría la vuelta al mundo y estaría desplegada en toda la prensa europea antes de que terminara la primera jornada del presidente Felipe Calderón en Davos, donde participa en el Foro Mundial de Economía? Esas cosas inyectan muchos nervios en el organismo de los inversionistas.
Para colmo, en forma lastimosamente coincidente, los nuevos jefes en el Pentágono ratifican lo dicho por sus antecesores en el gobierno de George Bush y subrayan que México, por la penetración del narcotráfico, sí es un riesgo para Estados Unidos y motivo de preocupación de su seguridad nacional. No en balde, para tratar de evitar que esas palabras llegaran a los empresarios del mundo, el presidente Calderón dijo que sus conclusiones nacían de "distorsiones informativas" desproporcionadas y equívocas. Claro. Ni la Casa Blanca de Bush, ni ahora la de Barack Obama, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado ni nadie en el gobierno estadounidense, saben de lo que están hablando.
Como si no tuviera suficientes aguafiestas para Davos, se anunció el reajuste de las expectativas de crecimiento a la baja que hizo el Banco de México, que ya sugieren la recesión. ¿Qué no se percató el gobernador del banco central que dar a conocer esas cifras, en el preciso momento en que el presidente Calderón iba a "vender" México a los inversionistas, afectaba sus aproximaciones al gran capital? Por eso le debe haber dicho desde esa localidad suiza, que es un alarmista y que su catastrofismo no tiene cabida en la realidad mexicana.
La realidad mexicana calderonista es peculiar. El agudo problema de la seguridad es resultado de la gran victoria de su gobierno sobre los narcotraficantes, y que el país haya perdido bolsas territoriales a manos del crimen organizado no significa que el Estado haya fracasado. De la crisis económica ni hablar. Sigue siendo un mero "catarrito". Por el contrario, anticipó lo que va a presentar en Davos: México es un país que marcha sólido en su economía, que es un país propicio para los negocios, buen anfitrión de la inversión extranjera, seguro, confiable y placentero. Mienten los demás.
El que las unidades que combaten al narcotráfico tengan una metástasis del crimen organizado y no encuentre su gobierno cómo resolver el cáncer que cada vez se descubre está más extendido, no entra en su diagnóstico. No parece afectarle que cuando menos un alto funcionario de su gabinete, por omisión o comisión, proteja a personas vinculados con el narcotráfico. Tampoco que un 10 por ciento de los municipios en el país estén bajo control del narco, que hace tareas de Estado: provee seguridad a la población y le cobra impuestos. El crimen organizado se ha metido a campañas electorales y puesto a gobernantes locales. Los empresarios están armando escuadrones de la muerte para defenderse de los delincuentes porque se cansaron de pedirle protección a Calderón y que lejos de darles tranquilidad, les dijera: Y la cosa se va a poner peor.
La palabra de Calderón predica que el país va sobre ruedas todo terreno, pero las exportaciones cayeron 17% el año pasado -por primera vez una cifra negativa desde 1994-, y el peso se devaluó 26%. O sea, no se compraron productos mexicanos en el extranjero, pese a estar más baratos. Las remesas, segunda fuente de ingresos nacional, se desplomaron, lo que añade tensión social en sectores populares. Para los más boyantes, 5 mil 200 empresas cerraron el año pasado, y 500 mil personas se fueron a la calle entre noviembre y diciembre. La caída de crecimiento que pronostica el Banco de México, echará a la calle a otros 300 mil.
Para los inversionistas, lo datos, no su palabra, los orienta. El informe anual del Banco Mundial intitulado "Haciendo Negocios", coloca a México en el lugar 56 de un total de 181 países estudiados; es decir, en el segundo año de gobierno de Calderón, cayó 6 lugares. Abrir una empresa en México puede ser un martirio: se tarda 28 días, contra uno en Nueva Zelanda. Por eso se encuentra en el lugar 115 en ese rubro, que se vuelve peor por cuanto a generar empleo: 141; y pago de impuestos: 149. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo hace unos días, como parte de sus medidas para reactivar la economía, que ahora sí irían contra los monopolios, aunque al único que mencionó indirectamente fue Telmex. Pero el Banco Mundial, cuando habla de negocios, ni se acuerda de Telmex. Critica en cambio al monopolio estatal de la energía eléctrica, que es uno de los principales obstáculos para la inversión extranjera.
Los datos son contundentes, pero no para el Presidente. Si el discurso que enarbola es una estratagema para minimizar el miedo y evitar el pánico de los mexicanos, puede abrirse una discusión sobre si ese es o no la estrategia adecuada. Pero si no es así, y cree lo que dice, hay un serio problema. Su discurso triunfalista es un absurdo, aún inclusive si tuviera la razón. La política se construye de percepciones y realidades. La realidad la enfrenta con saliva, y la percepción lo tiene sin cuidado. La ecuación que muestra Calderón conduce al desastre, aunque no quiera darse cuenta. Bajo este presupuesto, ya se verá, los aguafiestas pasarán a ser meros pies de página ante su colapso político.
Para colmo, en forma lastimosamente coincidente, los nuevos jefes en el Pentágono ratifican lo dicho por sus antecesores en el gobierno de George Bush y subrayan que México, por la penetración del narcotráfico, sí es un riesgo para Estados Unidos y motivo de preocupación de su seguridad nacional. No en balde, para tratar de evitar que esas palabras llegaran a los empresarios del mundo, el presidente Calderón dijo que sus conclusiones nacían de "distorsiones informativas" desproporcionadas y equívocas. Claro. Ni la Casa Blanca de Bush, ni ahora la de Barack Obama, ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado ni nadie en el gobierno estadounidense, saben de lo que están hablando.
Como si no tuviera suficientes aguafiestas para Davos, se anunció el reajuste de las expectativas de crecimiento a la baja que hizo el Banco de México, que ya sugieren la recesión. ¿Qué no se percató el gobernador del banco central que dar a conocer esas cifras, en el preciso momento en que el presidente Calderón iba a "vender" México a los inversionistas, afectaba sus aproximaciones al gran capital? Por eso le debe haber dicho desde esa localidad suiza, que es un alarmista y que su catastrofismo no tiene cabida en la realidad mexicana.
La realidad mexicana calderonista es peculiar. El agudo problema de la seguridad es resultado de la gran victoria de su gobierno sobre los narcotraficantes, y que el país haya perdido bolsas territoriales a manos del crimen organizado no significa que el Estado haya fracasado. De la crisis económica ni hablar. Sigue siendo un mero "catarrito". Por el contrario, anticipó lo que va a presentar en Davos: México es un país que marcha sólido en su economía, que es un país propicio para los negocios, buen anfitrión de la inversión extranjera, seguro, confiable y placentero. Mienten los demás.
El que las unidades que combaten al narcotráfico tengan una metástasis del crimen organizado y no encuentre su gobierno cómo resolver el cáncer que cada vez se descubre está más extendido, no entra en su diagnóstico. No parece afectarle que cuando menos un alto funcionario de su gabinete, por omisión o comisión, proteja a personas vinculados con el narcotráfico. Tampoco que un 10 por ciento de los municipios en el país estén bajo control del narco, que hace tareas de Estado: provee seguridad a la población y le cobra impuestos. El crimen organizado se ha metido a campañas electorales y puesto a gobernantes locales. Los empresarios están armando escuadrones de la muerte para defenderse de los delincuentes porque se cansaron de pedirle protección a Calderón y que lejos de darles tranquilidad, les dijera: Y la cosa se va a poner peor.
La palabra de Calderón predica que el país va sobre ruedas todo terreno, pero las exportaciones cayeron 17% el año pasado -por primera vez una cifra negativa desde 1994-, y el peso se devaluó 26%. O sea, no se compraron productos mexicanos en el extranjero, pese a estar más baratos. Las remesas, segunda fuente de ingresos nacional, se desplomaron, lo que añade tensión social en sectores populares. Para los más boyantes, 5 mil 200 empresas cerraron el año pasado, y 500 mil personas se fueron a la calle entre noviembre y diciembre. La caída de crecimiento que pronostica el Banco de México, echará a la calle a otros 300 mil.
Para los inversionistas, lo datos, no su palabra, los orienta. El informe anual del Banco Mundial intitulado "Haciendo Negocios", coloca a México en el lugar 56 de un total de 181 países estudiados; es decir, en el segundo año de gobierno de Calderón, cayó 6 lugares. Abrir una empresa en México puede ser un martirio: se tarda 28 días, contra uno en Nueva Zelanda. Por eso se encuentra en el lugar 115 en ese rubro, que se vuelve peor por cuanto a generar empleo: 141; y pago de impuestos: 149. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo hace unos días, como parte de sus medidas para reactivar la economía, que ahora sí irían contra los monopolios, aunque al único que mencionó indirectamente fue Telmex. Pero el Banco Mundial, cuando habla de negocios, ni se acuerda de Telmex. Critica en cambio al monopolio estatal de la energía eléctrica, que es uno de los principales obstáculos para la inversión extranjera.
Los datos son contundentes, pero no para el Presidente. Si el discurso que enarbola es una estratagema para minimizar el miedo y evitar el pánico de los mexicanos, puede abrirse una discusión sobre si ese es o no la estrategia adecuada. Pero si no es así, y cree lo que dice, hay un serio problema. Su discurso triunfalista es un absurdo, aún inclusive si tuviera la razón. La política se construye de percepciones y realidades. La realidad la enfrenta con saliva, y la percepción lo tiene sin cuidado. La ecuación que muestra Calderón conduce al desastre, aunque no quiera darse cuenta. Bajo este presupuesto, ya se verá, los aguafiestas pasarán a ser meros pies de página ante su colapso político.
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