Salarios máximos

La semana pasada se aprobó el dictamen para establecer la normativa de salarios máximos en el Senado de la República y ahora se requiere la mitad más uno de los congresos locales para que esas reformas a diversos artículos constitucionales puedan ser incorporadas a la Constitución. Se trata de una medida en general positiva porque limitaría los excesos en el pago de retribuciones a los servidores públicos teniendo como límite el sueldo del presidente de la República. No obstante, esa reforma tiene debilidades porque deja privilegios irracionales. Veamos.

Primero. Nadie puede estar en contra de que se regulen las retribuciones de los servidores públicos, sobre todo si se toman en cuenta los excesos. Como bien dice el dictamen en su exposición de motivos: "Resulta indignante que una economía como la mexicana, que dista mucho de ser una de las primeras en el mundo, asigne salarios a sus empleados públicos de alto nivel, comparables, y en algunas ocasiones superiores a los salarios que en puestos similares ganan los funcionarios de las primeras economías del planeta ." Qué bueno que hasta ahora se dieron cuenta. Precisamente por demostrar con datos duros esta realidad en días pasados se informó del Premio Nacional de Periodismo que se entrega este año a Marco Lara Klarh por su texto Vida de lujo y salarios sin límite en el TEPJF, publicado en el primer número de la revista Transparencia y corrupción.

Segundo. Hay un punto medular en donde hace agua el dictamen aprobado. En efecto, absurdamente en el tercer artículo transitorio se privilegia sin ninguna razón al Poder Judicial federal al que lo trata como sujeto de excepción, habida cuenta que establece: "A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente: a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo (cursivas mías) previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo." Es decir, la ley de salarios máximos no les será aplicable a las altas jerarquías del Poder Judicial. ¿Cuál es la racionalidad de ello? ¿Quién se atreverá a demandar la inconstitucionalidad de esta porción, si quienes revisarían su validez constitucional son los propios ministros de la Corte que tendrían que resolver entre preservar sus altísimas retribuciones o hacer justicia?

Tercero. Es grosero, por decir lo menos, que quienes precisamente ganan más, se salgan con la suya bajo el principio de nuestros políticos de que se cumpla la ley en los bueyes de mi compadre y no alcance a los juzgadores actuales que seguirán sacrificándose por la patria con ingresos sensiblemente mayores a los de sus colegas de Estados Unidos, Canadá y las principales potencias mundiales. Como se sabe, los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen un sueldo superior a los 350 mil pesos mensuales libres de polvo y paja y poco menos los magistrados del Tribunal Electoral. Sin contar, por supuesto, los 44 ayudantes de cada Ministro de la SCJN y los 34 de cada Magistrado, además de vehículos blindados, gastos de representación y muchas otras prestaciones inimaginables para el mexicano. Así, por ejemplo, en el TEPJF cada magistrado tiene asignada a su oficina varias computadoras. Quienes han dicho esta boca es mía es el magistrado Alejandro Luna Ramos quien tienen asignadas a su oficina 46, con varias laptops incluidas. Se trata además del mismo Tribunal donde la consulta de páginas ajenas a su función jurisdiccional es el pan de cada día sin que pase nada, a pesar, por ejemplo, de que yo mismo interpuse un recurso de inconformidad en la Contraloría Interna que se ha quedado callada. Es obvio, su titular es nombrado y removido por los propios magistrados que se vigilan a sí mismos para preservar la impunidad interna.

Tribunal Electoral y salarios máximos

El frustrado intento de los consejeros del Instituto Federal Electoral para aumentarse el 46 por ciento de sus percepciones justo en el inicio de una crisis económica sin precedentes en nada abona a la confiabilidad de las autoridades electorales. Uno de ellos me confiaba que lo único que deseaban es que no se perdiera su capacidad adquisitiva en dólares. Así, sin asomo de pena alguna. Los consejeros del IFE no son los únicos. En un reportaje de la revista Transparencia &Corrupción (www.revistatransparencia) se documenta la inequidad de la que hacen gala también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De entrada, perciben ingresos superiores al Presidente de la República en un 110%; es decir, tienen un sueldo base de 316, 982 pesos mensuales en comparación con 148, 015 del titular del Poder Ejecutivo Federal. Las cosas no se quedan ahí. Al hacer un comparativo entre México, Estados Unidos, Canadá y España, los resultados son indignantes. En efecto, mientras los magistrados del TEPJF perciben salarios de 28 mil dólares al tipo de cambio actual, sus contrapartes en Estados Unidos reciben 17 mil dólares, en Canadá, 20 mil y en España, 13 mil dólares americanos.

Del otro lado del mostrador, al investigar el monto de los sueldos mínimos mensuales, las cifras resultan aterradoras para nosotros. En México, un trabajador obtiene 130 dólares mensuales, en España, 994, en Canadá, 1090 y en Estados Unidos, 1100. El mundo al revés. En la base de la pirámide social los mexicanos ganan una miseria, pero en la cúspide sucede exactamente lo contrario. Si uno se cuestiona cuántos salarios mínimos mensuales cuesta en cada país un magistrado electoral o su equivalente, las cifras siguen la misma línea. En efecto, mientras en España un magistrado cuesta 14 salarios mínimos, en Estados Unidos, 15 y en Canadá, 20, en México- óigalo bien- cuesta ¡200! salarios mínimos; es decir, el 1000 por ciento más en relación a su más cercana referencia, Canadá. Pero no se enoje, esto apenas comienza. Si se compara cuántos ayudantes tiene cada staff o ponencia de cada magistrado los datos son coherentes con lo que aquí se afirma. En España, los asistentes cuestan 26 mil dólares, en Canadá, 30 mil, en Estados Unidos, 40 mil y en México, ¡170 mil dólares! Esto significa que en Estados Unidos, Canadá y España tienen entre 2 y 5 personas en las ponencias, en México tienen 34, incluidas la nada despreciable cifra de 10 secretarias y dos camionetas, una de ellas blindadas, entre muchos apoyos más.

La capacidad de asombro sigue. Al revisar 30 minutos de la navegación de las páginas web por todas las computadoras del TEPJF, otorgado por la propia institución como un dato modélico, se observa que sólo el 3% del tiempo de navegación corresponde a páginas relacionadas directamente con las actividades jurisdiccionales y el 97% a otros rubros, entre ellos páginas de contenido erótico y medicamentos para la disfunción eréctil más un largo etcétera. Por supuesto, nuestros magistrados, secretarios de estudio y cuenta y personal de apoyo tienen derecho a navegar por donde quieran, pero no con las computadoras pagadas por la sociedad, el servidor de internet cargado al erario y en su horario de trabajo. Esos son los garantes de la democracia electoral mexicana pintados de cuerpo entero.

Por todo lo anterior, es necesario que la iniciativa de Ley de Salarios Máximos se descongele y se apruebe, de suerte que la autonomía constitucional no sirva de coartada para servirse sin medida de los recursos de la comunidad. Y es necesario que la ley sea aprobada porque la moral pública está ausente en México. Es verdad que los magistrados podrían autorizarse un salario menor en el marco de sus atribuciones, pero no lo hacen porque ponen delante su interés personal sobre el interés público. Por si lo anterior fuera poco, el TEPJF ha retirado de su encargo a la maestra Gabriela Vargas, como directora general de la unidad de enlace. Su falta: abrir la información y estar comprometida con el derecho a saber y el cumplimiento escrupuloso de la ley. Desde tiempo atrás he criticado al TEPJF por sus excesos, pero quiero dejar constancia de la enorme valía de la maestra Vargas cuya ausencia es presagio de una cerrazón informativa en ese órgano jurisdiccional en perjuicio de todos. Se sacrifica al mensajero, pero se deja a salvo el mensaje que ofende a la sociedad.